Según estudio
Las personas LGBT y con VIH-sida sufren graves actos de discriminación y violencia física y sexual dentro de los recintos penitenciarios y en la mayoría de los casos se invisibilizan para pasar desapercibidas, según la investigación “Miradas libres” realizada por la Asociación Con Alas Propias (Ascap) con apoyo de Un Nuevo Camino (Asuncami), Fundación Construir y el financiamiento de la Unión Europea (UE).
Dicho estudio se refiere sobre todo a cárceles de los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí donde hay 40 personas con VIH, la mayoría de ellos, 38 son de La Paz.
La exclusión se manifiesta en la atención diferenciada que reciben de policías, administrativos y los propios internos o internas y que se evidencia desde miradas discriminatorias hasta el lenguaje y también a través de la violencia física y sexual.
El documento revela que en una cárcel dos compañeros fueron arrojados a una fuente de agua fría por ser gays, y otros denunciaron que si salían de sus secciones o iban al baño o ducha eran “manoseados”, obligados a practicar sexo oral y violados delante de otros internos. Al no existir ley de identidad de género, a las personas transexuales femeninas las envían a cárceles de hombres y a las masculinas a cárceles de mujeres, vulnerando sus derechos.
Este registro es una iniciativa de las unidades de sanidad de cada centro penitenciario que realizan controles y pruebas de VIH que mantienen en el anonimato ya que existe la Ley 3729 que protege sus derechos, sobre todo el derecho a la confidencialidad.
Una encargada de sanidad entrevistada manifestó que todavía persisten prejuicios y falta de información entre la población penitenciaria, que cree que el VIH-sida se contagia con solo tocar a esas personas. Por ello las apartan, relegan y violentan, asegura.
En contraposición, no existe un registro de las personas LGBT en las cárceles del área andina, pues las que se reconocen como tal dentro de las cárceles son violentadas de diversas formas. “La peor parte se las llevan las personas trans, en quienes se ejerce desde violencia psicológica, sexual y en algunos casos hasta la muerte”, sostuvo Ricardo Cordón, coordinador de proyectos de Ascap.
La violencia no solo la ejercen los propios internos sino que parte desde los mismos operadores de justicia, que en algunos casos abandonan a sus defendidos cuando se enteran de su orientación sexual o de su afectación por VIH-sida.
“Vestite como hombrecito, así no te van a mirar mal” o “aquí dentro no hay gays” son algunas expresiones que los privados de libertad trans u homosexuales tienen que escuchar de sus abogados o de los mismos funcionarios de los penales, que se niegan a reconocer que existe dicha realidad.
Ascap recomienda en su investigación que se generen protocolos de atención a esta población en los recintos penitenciarios que permitan contactar inmediatamente a la Defensoría del Pueblo, Órgano Judicial, representantes de los colectivos VIH y ONG dedicadas a la temática. También que se brinde un trabajo constante de información, sensibilización y educación y que se realicen pruebas rápidas de VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en todos los recintos del país.
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