Poder corporativo del transporte

Son varias las décadas en que los choferes del transporte público, por su oportunismo “mercantil”, se aliaron con gobiernos militares, neoliberales. En 1985, con la sanción del DS 21.060, cuya acepción básica es la oferta y la demanda. En 2006, con el neopopulismo (MAS), esta acepción neoliberal no solo sigue vigente; sino que se ha “fortalecido”. Los choferes como empresarios han aprovechado éste para lograr sus fines económicos de casta. La parafernalia viene con un servicio donde el pasajero tiene que soportar maltrato, trameajes, inseguridad y, sobre todo, motores desvencijados, producto de una exigua inversión del mismo.

Una tarifa “oficial” (¿1.80 Bs por tramo?) es dotar a los transportistas de un ingreso seguro, cuando éstos deberían, como todo boliviano, “competir” entre la oferta y demanda laboral neoliberal. Como empresarios, utilizan su “fuerza corporativa para “hegemonizar” el servicio, y no permiten que otras líneas de transporte con mejor servicio trabajen. No pueden hablar de pérdidas, ello depende del mercado, de la oferta y la calidad del “servicio”. ¿Qué pierden? Entonces, por qué esa vida ostentosa, esos gastos (inversión) como “fraternos” (bailarines) folclóricos, con un excesivo consumo de cerveza y el cierre de calles y avenidas cada semana. ¿Cómo solventan estas excentricidades? Y ojo, trabajan con gas y gasolina subvencionada.

Políticamente este gremio “corporativo” (léase, grupos que funcionan bajo un mando único) a título de “movimiento social” se aferra al MAS (como aliado), con la intención clara de boicotear la gestión del “opositor” Alcalde (Sol.Bo). Ahora, cuando el Gobierno enfrenta un momento de crisis con la compulsa electoral del referendo para la modificación del Art. 168, coincidentemente, los choferes surgen más virulentos con, al parecer, intención de tensionar y atemorizar al soberano. Se prevé para el Alcalde que democráticamente “derrotó” (en la acepción de Álvaro García Linera) al “evista” Guillermo Mendoza (además del referéndum autonómico) un boicot a su trabajo. El encono del Poder por las dos derrotas insufla vitalidad a los choferes, permitiendo sus excesos, con la peregrina idea de castigar a los paceños.

Ante esta fuerza corporativa el alcalde Luis Revilla (que no es santo de mi devoción) disimula (su fragilidad) y se remite a un estudio técnico y dice: “una cosa es un conductor que tiene un vehículo antiguo y que gasta mucho en mantenimiento y sus ingresos son menores, otra cosa es alguien que tiene un vehículo nuevo y que no gasta en mantenimiento y sus ingresos son mayores”. La solución pasa entonces por aplicar una tarifa plana, que independiente del recorrido, evitará los trameajes, favoreciendo a las personas con menores ingresos, y que viven más lejos, ¡ello es lo confuso!

Un recorrido puede ser: 1) de la Pérez Velasco al estadio, 2) al cruce de Villa San Antonio, 3) a Pampahasi, y 4) a Villa Salomé, etc., entonces son cuatro tramos que tiene que recorrer el vecino de V. Salomé, ¿acaso esto no es trameaje? En fin… el alcalde, deja entrever su débil fuerza política y jurídica. Subestima el poder corporativo del transporte público. De hecho esta “tarifa” solo favorecerá al 33% de la PEA que tiene empleo seguro y que puede pagar esta “tarifa”, en desmedro de ese 67% que trabaja de forma precaria: subempleados, desempleados. Es más, espero equivocarme, de consolidarse esta tarifa plana, el transporte corporativo, a las semanas de su aplicación, le meterá nomás trameaje.