Violencia de gobernantes constitucionales

Al enterarme por la prensa del fallecimiento del compañero César Villca Fernández, ocurrida el 22/12/15, que es otra víctima más de la violencia política en regímenes dictatoriales, me veo obligado a manifestar una vez más lo siguiente:

No es novedad que también los gobiernos constitucionales y desde muchísimo tiempo atrás empleaban violencia para reprimir a dirigentes políticos y sindicales considerados opositores. Existen muchos al respecto. Solamente les recordaré uno a los actuales gobernantes, para no alargar demasiado la presente nota.

UN GOBIERNO DE FACTO Y

LUEGO CONSTITUCIONAL

Se instaló en el Gobierno el Gral. René Barrientos Ortuño el 5 de noviembre de 1964, con apoyo masivo del pueblo, la COB, y universitarios de todo el país, liderados por FSB, cansados por el desgobierno tiránico del MNR, en el doble sexenio de 1952 -1964. Muy pronto, arribistas y adulones le dijeron que él era joven y podía gobernar muchos años y comenzaron a preparar elecciones para que sea elegido Presidente Constitucional.

Entonces apareció el Movimiento Popular Cristiano (MPC) de efímera duración, dirigido por el My. de Ejército Hugo Bozo Alcócer y otros que nunca faltan donde hay dinero. Se sumó a esta campaña presidencial el partido de los gerentes, PSD, sin apoyo popular, siendo llevado a la vicepresidencia su representante, Luis Adolfo Siles Salinas. Ellos se convirtieron en gobernantes constitucionales a partir del 6 de agosto de 1966, tomando control total del poder, de extrema derecha “anti obrera y reaccionaria”.

Estos gobernantes se la tomaron muy en serio con los trabajadores y sus organizaciones laborales, dictando el decreto supremo de reglamentación sindical con clara inspiración fascista. Luego apareció otro decreto rebajando jornales o salarios a los trabajadores mineros, quienes con justo derecho convocaron a un Ampliado Nacional de dirigentes, para tratar este problema salarial, y porque sus pulperías siempre estaban vacías.

LA MASACRE DE MINEROS EN SAN JUAN

En la madrugada del 24 de junio de 1967 se produjo la masacre de mineros en San Juan, produciéndose las mayores bajas en el campamento La Salvadora de Siglo XX, con más de 27 muertos y 70 heridos, tanto hombres como mujeres. Inmediatamente el Gral. Alfredo Ovando y Antonio Arguedas, su Ministro de Gobierno, queriendo salvar sus responsabilidades declararon que la orden provino de la Presidencia, es decir de René Barrientos Ortuño.

Actualmente la Ley 2.640 restringe el resarcimiento a todas las víctimas por la violencia política desatada por los gobiernos de facto, dictatoriales o constitucionales de militares. Por ello los actuales gobernantes y la Asamblea Legislativa por equidad y trato igualitario, deben ampliar para todos, lo más antes posible, los alcances de la mencionada ley. Así como instruir una nueva calificación para todas las víctimas, que serían lo más correcto y atinado…

Diversos medios de prensa el 4 de diciembre de 2013 registran la siguiente información, desde luego muy interesante, que dice: “El vicepresidente Alvaro García Linera admite que hay inconformidad por parte de las víctimas con el decantado resarcimiento”. Lo que hay es total descontento, repudio, indignación y es mentira que se hubiera beneficiado a 6.000 personas.

Censuramos a todos los señores del Ministerio de Justicia por desconocer, dilatar y no tomar en cuenta nuestros justos reclamos. Si hubiesen sido equitativos y eficientes, este resarcimiento para las víctimas de la violencia hace tiempo que debió haber terminado. Esto nos demuestra claramente que en el Palacio de Gobierno se promulgó la ley y en el Ministerio de Justicia se hizo la trampa, después de tanto tiempo no sacamos otra conclusión.

Para concluir con la presente. Muy cordialmente le recuerdo al Presidente que al jurar y posesionarse de su alta investidura manifestó que gobernará obedeciendo al pueblo, y que no habrá corrupción ni nepotismo (EL DIARIO, 23 de enero de 2006).

Todas las víctimas, tanto en dictaduras como en gobiernos constitucionales, le insinuamos muy respetuosamente que cumpla con todas sus promesas en lo referente a que sea realidad y completo el Decreto Ley 2.640 de 11 de marzo de 2004. En más de 11 años todo son promesas que nunca se cumplen.