Descolonización a diez años de mandos militares

Diez años en el poder y la misma cantidad en cambio de mandos militares. Un día antes de que finalice el año 2015, el Capitán General posesionó al nuevo alto mando de las Fuerzas Armadas del Estado. Más allá del eslogan “estamos haciendo historia” esta vez, a partir de los recientemente designados, se vaticina cambios interesantes y de seguro estructurales para las instituciones armadas del país.

Grata fue la sorpresa al escuchar los discursos el día de la posesión. Respetando la rotación de fuerzas militares en cuanto al mando constitucional de las FFAA, el turno fue de la Fuerza Aérea. Sin leer papeles y lejos de colgar esos emblemas donde falta “pecho” para lucirlas, sorprendentemente el nuevo comandante en Jefe, Gral. Gonzalo Durán, dejó entrever entre otras cosas que consolidará el proceso de descolonización de las Fuerzas Armadas.

Y puso sal y limón en la herida. El periodo nefasto de los gobiernos de la “bota militar” en Bolivia tuvo un ciclo que finalizó el 10 de octubre de 1982, día histórico en que los bolivianos reconquistamos la democracia.

Asombrosamente ese fue el “volapié” del discurso de la nueva autoridad militar, quien identificó gallardamente aquella época funesta que protagonizaron cúpulas militares; que serviles a la doctrina de la seguridad nacional deponían indistintamente gobiernos legalmente constituidos inclusive con sus mezquinos triunviratos antipatrióticos en la década de los 80.

Para la historia democrática también quedará el mes de abril del pasado 2014, cuando alrededor de 700 efectivos militares entre suboficiales y sargentos de las tres fuerzas promovieron movilizaciones para exigir “descolonización en las FFAA”. El pedido en el fondo no tuvo asidero legal ni constitucional por la forma en que fue planteado y el contexto de las mal direccionadas medidas de presión de parte de uniformados. Para ese momento tanto el mando político como el militar definieron a estas acciones como “actos de sedición atentatorias a la dignidad y el honor”, en sujeción a su Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas – LOFA. Desde luego, descolonizar esas instituciones castrenses está lejos de sindicalizarlas.

Por lo que se advierte, con el nuevo alto mando militar las Fuerzas Armadas “anticolonialistas” y “antiimperialistas” ya no parecen ser sólo una alocución de la retórica política del discurso gubernamental, sino una parte esencial desde los orígenes hasta esta nueva construcción del nuevo Estado. Y en efecto, la luchas independentistas en Bolivia protagonizadas por los ejércitos en el Alto Perú afrontaron a la Colonia Española; lo que ahora nos sugiere interpretar la esencia de las Fuerzas Armadas Antiimperialistas. Lo resaltó el propio presidente Morales, quien además definió que el segundo cargo de mayor jerarquía en éstas recaiga en una mujer: la Gral. Gina Erika Fátima Reque Terán.

La nueva Jefa del Estado Mayor del Comando en Jefe de las FFAA es hija del militar que, según algunas versiones, en 1967 encabezó las operaciones que dieron fin al ciclo guerrillero guevarista en Bolivia. Es de resaltar la medida del primer mandatario como “justo reconocimiento a la lucha y esfuerzo de todas las mujeres de Bolivia”.

Los generales Celier Arispe (FAB), Luis Ariñez (Ejército); vicealmirante José Puente (Armada), a la cabeza del nuevo comandante en Jefe Gonzalo Durán Flores asumen en el período de mayor desafío que recae principalmente en un nuevo ordenamiento jurídico para las FFAA, en reemplazo de la actual LOFA. Solo así se instrumentalizará el proceso de descolonización en esas instituciones. La nueva ley deberá recoger al menos siete pilares de cambio en cuanto a una nueva reforma transversal del pensamiento militar (educación), extender los años de carrera en servicio (formación), un nuevo sistema de gestión del talento humano en todos los grados en igualdad de condiciones (instrucción), tecnologización armamentista (desarrollo integral estatal), otorgación de condiciones óptimas de trabajo (vivienda), un nuevo seguro para todas las prestaciones y con seguridad jurídica (salud), y la garantía de la vida digna en reserva (jubilación).

El autor es periodista.