Para favorecer el triunfo del Sí en el referéndum del 21 próximo, el oficialismo está recurriendo a una serie de actos que destacan las ventajas y privilegios que otorga el poder, con lo que se hace evidente el desequilibrio creado entre el MAS y la oposición. En este juego ha quedado involucrado el propio Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) derogando el artículo 24 del Reglamento de Propaganda Electoral, el mismo que limitaba a 15 minutos la transmisión televisiva de las entregas de obras del Gobierno. El TCP amplió por tiempo indefinido dichas transmisiones, invocando la libertad de expresión y difusión contemplada en la CPE, pero dejando de lado las prohibiciones inherentes contempladas expresamente en la Ley de Régimen Electoral.
En el fragor de esta campaña, altos personeros del Gobierno no han tenido reparo en tergiversar el verdadero sentido del referéndum destinado a buscar la reforma del artículo 168 de la CPE para ampliar la reelección del Presidente y Vicepresidente a dos períodos consecutivos o mantenerlo en sólo uno. Sin embargo, mediante leyes (Ley de Aplicación Normativa de 2013) y fallos del TCP nos encontramos ya en una tercera reelección. La señalada resolución del TCP es vista como un tributo más a su designación gestada por el MAS.
La limitación a un solo representante de la oposición y del oficialismo en cada mesa de sufragio es una medida sospechosa del TSE, por cuanto coarta el derecho de fiscalización de los partidos y agrupaciones, en especial del número nutrido que auspicia el voto negativo.
En estas circunstancias, no podía dejar de hacerse presente la intimidación revestida de juicios contra el líder de UD, Samuel Doria Medina, y gobernantes del pasado. Sin juzgar la procedencia o improcedencia de las causales de estos juicios, resalta la oportunidad eleccionaria elegida que, precisamente por ello, puede influir negativamente para el voto por el Sí.
Forma parte de la estrategia de desviar el objetivo del referéndum, la propalación de que lo que se halla en juego es la permanencia o no del presidente Evo Morales en el gobierno. Que el voto por el No busca acortar o interrumpir el mandato del mismo. Que se trata de revocar al primer mandatario y/o aprobar o desaprobar su gestión gubernamental en curso. Esta recurrencia se dirige sobre todo a los sectores marginales y del campo que no se encuentran al tanto de las sutilezas de consultas como estas. Si toda desinformación es censurable, lo es más partiendo de los gobernantes, de quienes más bien se espera orientaciones veraces y ponderadas.
Este panorama poco claro y desalentador no es la mejor contribución al ejercicio de una sana y constructiva democracia. En medio de tanta cortapisa es muy difícil esperar que estemos frente a una consulta confiable, fiel expresión de la voluntad libre y consentida del electorado.
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