Poder Judicial, un poder del Estado, no del gobierno

El gobierno, en nombre y beneficio del Estado, ha decidido convocar a una “Cumbre de la Justicia” con la finalidad de reestructurar, reorganizar y consolidar como Poder del Estado al sistema judicial, un poder que, por principio, tiene la misión de administrar los amplios espectros y márgenes de la Justicia, que es la virtud moral de dar a cada cual lo que le corresponde mediante la administración y aplicación de las leyes del Estado que es todo el país con toda su geografía, su población, sus instituciones, su economía, su cultura y con todo lo que implica el mismo como nación, país, república o comunidad nacional; entendiéndose que el Estado es eterno, indefinido, permanente. En cambio, el gobierno es momentáneo, ocasional, circunstancial así tenga duración de muchos años, y es elegido solamente para administrar el Estado que es eterno.

La Justicia es la aplicación imparcial de obrar con razón, equidad, ecuanimidad y libertad de todo lo que debe hacerse en razón y justicia en la amplia aplicación del amor, la verdad y la libertad que son fundamentos de la convivencia humana. El propósito de la “cumbre” sería renovar el sistema judicial que en las últimas décadas no siempre funcionó conforme a las reglas morales, constitucionales y legales como Poder del Estado. Hace años fue sometido el Poder Judicial a una renovación mediante una consulta popular que no dio resultados y que, en la práctica, fue contraria a lo esperado.

Mucho se dijo sobre la administración de Justicia en el país, llegándose al extremo de que muchos de los litigantes expresen la frase: “La Justicia boliviana es la peor injusticia”, criterio equivocado para esta virtud que nunca tuvo culpa alguna de su mala administración por personal encargado que -con escasas excepciones- incurrió en faltas y delitos graves como prevaricatos, engaños, inmoralidades y otros delitos totalmente alejados de una sana administración.

Mucho se ha perdido en los administradores de justicia el principio respetable de que al hombre le corresponde la legítima defensa de sus derechos, defensa eficaz igual para todos y regida por las normas objetivas de la justicia, porque del ordenamiento jurídico deriva el inalienable derecho del hombre a la seguridad jurídica y, con ello, a una esfera concreta del derecho, protegida contra todo ataque arbitrario; en otras palabras, la aplicación de la fuerza del Derecho en lugar de la imposición del derecho de la fuerza.

Está probado que sólo con tribunales honestos, dignos y ajustados a las virtudes morales que se hacen valores y principios, que la Justicia puede funcionar debidamente administrada, puede juzgar ordenada, fructífera y congruentemente con la dignidad humana, especialmente si se funda en la verdad, la honradez y la responsabilidad, y, para una renovación efectiva, imparcial, transparente, lo correcto es que el nuevo Poder Judicial renazca sin intervención de otros Poderes del Estado -salvo en algunos aspectos el Legislativo en lo que la Constitución lo señala- porque, como muestran muchas experiencias, otro poder no actuaría con la credibilidad necesaria sino que, directamente o no, estaría sujeto a compromisos de partidos o de gobiernos o de grupos subalternos interesados. En todo caso, la “cumbre” debería efectuarse con intervención de delegados de los colegios de abogados, de las universidades, de la Defensoría del Pueblo, de miembros de la Iglesia Católica y de otras iglesias. Sólo estas instancias podrían, con la solvencia y ecuanimidad necesarias, escoger a profesionales probos para que sean jueces, fiscales y personal de tribunales que tengan y demuestren cualidades y calidad de vida; lo contrario sería volver a lo anterior y tener un Poder Judicial que no responda a las esperanzas y requerimientos.

Es importante comprender que el Estado está conformado por tres Poderes independientes porque sólo así la organización política y jurídica del país puede rendir con valores y virtudes que le son propias a cada una, porque es exigencia de la misma realidad que las autoridades del Ejecutivo actúen y resuelvan las dificultades que surjan con procedimientos y medios idóneos, ajustándose a las funciones específicas de su competencia. Esto implica, a la vez, que el Poder Legislativo tiene, en el constante cambio que la realidad impone, la misión de no descuidar jamás en su actuación las normas morales, las base0s constitucionales del Estado y las exigencias del bien común para cuya misión de servicio fueron designados. Todo ello implica que la administración pública funcione en todos los casos en consonancia con el Derecho, teniendo presente la legislación vigente y con cuidadoso examen de la realidad concreta.

En consonancia con el actuar de los otros poderes, el Poder Judicial dará a cada cual su derecho con imparcialidad plena y sin dejarse arrastrar por presiones. Es también exigencia de la realidad nacional que el ciudadano tenga a su alcance los medios legales para defender sus derechos y cumplir sus obligaciones, tanto en el campo de las relaciones privadas como en los contactos con los funcionarios públicos. Es así que el gobierno, basado en los principios que lo sustentan y que deben estar en concordancia con el Estado, debe satisfacer las exigencias fundamentales de la colectividad, cumpliendo las leyes y resolver los problemas de acuerdo con la legislación y las exigencias del bien común; pero, en toda situación, teniendo una recta idea de la naturaleza de sus funciones y de los límites de su competencia y tenga, además, sentido de la equidad, integridad moral, agudeza de ingenio y constancia en la voluntad para hacer todo lo necesario para descubrir sin vacilación lo que hay que hacer y para llevarlo a cabo a tiempo con las debidas dotes de honestidad, eficiencia y responsabilidad.

La “cumbre” para reestructurar la Justicia tiene que llevarse a cabo en planos de mucha eficiencia y responsabilidad; de otro modo, serán difíciles y problemáticos los resultados. Abogados, jueces y fiscales tendrán que tomar conciencia de que la Justicia es sagrada y digna de respetarse porque ello implica respeto al ser humano y la condición fundamental del Derecho es el respeto, el amor y la conciencia del bien que se haga y del rechazo por lo indigno.