(ANF).- La empresa china CAMC indicó que exigirá que las autoridades investigan sus actividades en Bolivia y agregó que iniciará un proceso contra el periodista Carlos Valverde, que denunció “tráfico de influencias” por la forma cómo obtuvo millonarios contratos con el Estado.
“Exigimos que el Gobierno, o cualquier entidad que tenga el interés de pedir todo, (revise) el proceso de contratación de los proyectos, cómo se iniciaron, quiénes se presentaron, toda la documentación completa y por qué fue adjudicado”, dijo el abogado Fernando Cortés a El Deber.
PERJUICIO PARA CAMC
Para el abogado, la intencionalidad de estas denuncias es “perjudicar a la empresa CAMC, que es una de las víctimas”; consideró que las acusaciones son una “vil calumnia”.
Por otra parte, el abogado agregó que se impondrán “acciones legales contra el periodista Valverde, quien ha hecho estas afirmaciones (de tráfico de influencias) y dijo públicamente que él es responsable de lo que dice; todo lo que se alega en derecho se debe probar”, en declaraciones a la red UNO.
Valverde, conductor del programa de televisión “Todo por hoy” reveló el jueves pasado que Gabriela Zapata, gerenta comercial de CAMC en Bolivia, había sido pareja del presidente Evo Morales y que habían tenido un hijo juntos.
OTRAS VERSIONES
Morales luego admitió la relación, contó que el bebé había fallecido y que él había perdido contacto con ella desde 2007. Eso es aparentemente falso porque una fotografía muestra que Zapata compartió el palco presidencial del carnaval de Oruro en 2015. Cuando nació el bebé Zapata tenía 21 años y Morales, 47. Ella asegura ser abogada y cientista política.
CAMC se favoreció con contratos con el Estado por un valor de $us 566 millones, para el desarrollo de proyectos en litio, azúcar, construcción de ferrocarriles, represas, etc.
De todos esos contratos, la empresa CAMC se adjudicó tres obras, por $us 343 millones, después de que Zapata pasará oficialmente a formar parte de la empresa en 2013, fecha mencionada por el ministro Juan Ramón Quintana. Esos contratos son para la construcción del tramo I de la ferrovía Bulo Bulo-Montero, la represa Misicuni y la planta de sales de potasio de Uyuni. El primero fue revertido.
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