Asamblea venezolana debate proyecto de Ley de Amnistía

Caracas.- Los alcances del proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional que se discute en la Asamblea Nacional (AN) serán motivo de análisis en varios continentes a través de una serie de foros que se efectuarán próximamente, informó Mitzy Capriles, esposa del alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma.

Capriles regresó de una gira por Europa, especialmente con integrantes del Parlamento Europeo para promover la liberación de los presos políticos venezolanos.

La situación de Venezuela no se oculta a la comunidad internacional. “Están pendientes de la suerte de todos los presos y perseguidos, de los exiliados, de la penosa situación económica y social que afecta a las familias de nuestro país. Ellos saben que esta lucha obedece a la convicción de que es preciso recomponer el tejido social y el sentido de pertenencia a una misma comunidad política, lo cual exige colocarse por encima de la diatriba parcial y sentar las bases para la reconciliación”, señaló una nota de prensa.

La amnistía es un instrumento absolutamente lícito desde el punto de vista constitucional que permite poner fin a la persecución y al castigo penal respecto de determinados delitos, con la finalidad de cerrar heridas políticas o sociales que dificultan la convivencia y de crear condiciones propicias para la participación de todos los sectores en los asuntos públicos, confirmó Capriles luego de conversar con el alcalde de Estrasburgo, Roland Ries, con el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, y con el presidente de La Asamblea Parlamentaria Europea-Latinoamericana (Eurolat), Ramón Jáuregui.

CRECE REPUDIO

Varios sectores venezolanos mantienen hoy su repudio contra el proyecto de Ley de Amnistía presentado por la mayoría opositora en la Asamblea Nacional (AN), el cual ya fue aprobado en primera discusión.

El jefe de la bancada del GPP, Héctor Rodríguez, advirtió por su lado sobre los riesgos que para la democracia venezolana representa la Ley de Amnistía, pues legitimaría la violencia como manera de hacer política y concedería impunidad a quienes opten por esa vía para llegar al poder.

El también Director General de Servicios Jurídicos de la Defensoría del Pueblo declaró que lo que se busca es una especie de alto perdón, o sea, la manera de evitar una investigación; y dan a entender sin indagar que es el Estado el responsable. (Agencias)