“Legislativo debe ejercer un control institucional sobre Órgano Judicial”

El analista político Carlos Cordero afirmó que el Gobierno ni la Asamblea Legislativa no controlan al Órgano Judicial, y que esa situación lamentablemente muestra a una justicia descontrolada, una justicia que los bolivianos en su generalidad deploran, y que en vez de estar al servicio del ciudadano, hace llorar a muchas familias.

En ese marco, recordó las palabras del vicepresidente Álvaro García Linera, quien hace una semana cuestionó duramente a la justicia del país. A su juicio, lo que tiene que hacer la Asamblea Legislativa es controlar a los otros órganos del Estado, porque la Constitución Política del Estado señala que son poderes u órganos en un mismo nivel y que, paralelamente, existen los poderes mutuos.

ARTÍCULO 158 DE LA CPE

El experto, en una entrevista exclusiva con EL DIARIO, dejó en claro que el artículo 158, inciso 17 de la Carta Magna que fue aprobada en 2019, sostiene que el Legislativo debe ejercer control y fiscalización sobre los otros órganos, sin embargo, mencionó que los miembros del Gobierno confunden la palabra “controlar con subordinar”, es decir, con someter a la justicia.

De lo que se trata, aclaró, es que la Asamblea Legislativa esté “vigilante” para que la justicia cumpla con la ley y sus objetivos, es decir, que tiene que ejercer ese control institucional y no tiene que dejar que el Órgano Judicial haga “lo que quiera” por el simple hecho de estar “descontrolada”.

PRESIDENTA DE DIPUTADOS

Al respecto, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, afirmó que la Constitución Política del Estado lo que establece es una independencia y separación de los órganos del Estado, reconociendo que todo ello es en coordinación entre los órganos del Estado.

Dejó en claro que un principio del Estado Plurinacional, que sigue siendo una república en términos de separación de órganos del Estado, y que tiene exactamente como principio fundamental esta independencia, es que el Órgano Judicial debe tomar sus decisiones de forma independiente, buscando el mejor derecho de las personas y obviamente, buscando justicia.

“De ese modo, el Órgano Ejecutivo pueda llevar adelante, proyectar y ejecutar su labor, en tanto, el Legislativo pueda emitir normas que estén enmarcadas en la Constitución”, enfatizó.

La titular de Diputados señaló, asimismo, que cuando se habla de fiscalización como obligación de la Asamblea Legislativa, hay unos límites, agregando que los límites de este poder del Estado en relación a su fiscalización a los otros órganos como el Órgano Judicial, es que la Asamblea no puede inmiscuirse en términos jurisdiccionales.

Como ejemplo, mencionó que si hubiera un caso entre entidades privadas y estatales, cualquier senador o diputado no puede entrometerse en el proceso mismo y en las decisiones que toma el juez o la jueza y su poder de fiscalización tiene que ver con los resultados que posee el Órgano Judicial y el cumplimiento de procedimientos.

LÍMITE

En el caso de la justicia boliviana, no debe avasallarse los derechos de los ciudadanos y ciudadanas y no puede emitir su opinión o presionar el Órgano Judicial para que en un determinado caso tenga que emitir un criterio a favor o en contra de un ciudadano o del Estado o de nadie, asegurando que ese es el límite.

En ese contexto, aclaró que el Movimiento Al Socialismo (MAS) no controla la justicia y que si la controlaría, seguramente, los jueces en lugar de estar “bailando” en sus oficinas estarían trabajando desde las 5 de la mañana como lo hace el mandatario. Si el MAS controlara la justicia y si hubiera querido “torcer alguna vez la justicia” no hubieran alcaldes y otras autoridades del oficialismo en la cárcel”, enfatizó.

OPOSICIÓN

En 2015, la justicia estuvo inmersa en la polémica derivada de los casos de corrupción entre algunos de sus miembros y las constantes acusaciones de la oposición de estar politizada.

Para estas fuerzas partidarias existen dos explicaciones sobre la actual situación de la justicia. La politización de este Órgano del Estado, ligado a la injerencia del Órgano Ejecutivo en la designación de jueces y fiscales.

En este marco, el diputado Tomás Monasterios, de Unidad Demócrata (UD), fue más allá. Criticó al Movimiento Al Socialismo (MAS) por priorizar la reforma constitucional para buscar la repostulación del presidente Morales el 2019, cuando debía impulsarse una reforma profunda a la justicia, vía modificaciones de la Constitución Política del Estado.

Aunque el oficialismo ha anticipado que en la anunciada “cumbre de justicia” se planteará la modificación de la Carta Magna, para que los magistrados ya no sean electos por voto popular, así como eliminar el Tribunal Agroambiental y asumir medidas para terminar con la retardación de justicia y la corrupción, la medida no se aplicó a lo largo de todo el 2015.