Caso de tráfico de influencias debe investigar el Legislativo

La denuncia pública sobre un supuesto tráfico de influencias que involucra al Jefe de Estado continúa dejando en entredicho al Órgano Ejecutivo. En ese marco, el analista político Carlos Cordero considera que lo más adecuado es que de inmediato la Asamblea Legislativa organice una comisión de carácter mixto para efectuar la investigación correspondiente. Expuso, además, que esta comisión legislativa debe estar conformada por senadores y diputados.

En respaldo de su planteamiento, adujo que una de las competencias constitucionales de la Asamblea Legislativa es fiscalizar y controlar a los otros órganos del Estado. Por tanto, dijo que el presidente nato de la Asamblea, Álvaro García Linera, debe organizar esa comisión, con la finalidad de establecer lo que realmente sucedió, ya sea para despejar dudas sobre denuncias de un supuesto tráfico de influencias o confirmarlas.

El constitucionalista enfatizó que esta denuncia está haciendo un gran daño a la imagen del Presidente y que sin duda tendrá sus efectos en los resultados del referéndum convocado para el 21 de este mes.

También señaló que esa investigación del Legislativo debía haberse producido desde un primer momento, porque, a su juicio, lo que denunció Valverde es producto de una investigación periodística.

INVESTIGACIÓN

Estimó, asimismo, que la investigación debe comenzar con los procesos de licitación o adjudicación directa de los contratos con la empresa china CAMC. Luego, sobre la participación que tuvo en estas materias Gabriela Zapata Montaño, exnovia del presidente Evo Morales, por haber llegado a ser gerente y representante de dicha empresa. Estos y otros detalles tienen que ser necesariamente investigados a nivel legislativo, porque es el órgano indicado para cumplir tareas de esta naturaleza, en los que están en juego altos intereses del país e involucra nada menos que al Presidente.

RESPUESTA MESURADA

A su juicio, la respuesta presidencial a las versiones difundidas sobre este asunto tuvo que ser más mesurada. Debió haber sido el primero en tomar la iniciativa para que una comisión del Legislativo inicie la investigación; en tanto, estima que las denuncias son acusaciones que tendrán que probarse.

“En fin, todo esto hubiera pasado con un perfil bajo, pero ha sido el Presidente el que convocó a una conferencia de prensa y fue él mismo quien ha admitido la relación que tenía con Zapata; la existencia de un hijo entre ambos, que este había fallecido y que a ella no había vuelto a verla desde 2007, cuando quedó disuelto el vínculo que tenían”, dijo.

Cordero enfatizó que fue el Primer Mandatario quien entró en una serie de contradicciones y. sobre todo, él es quien puso el tema en los medios de comunicación.

“Mientras la comisión no funcione y este caso se siga debatiendo en los medios y redes sociales, va a seguir siendo un escándalo que está dañando la imagen del Jefe Estado”, puntualizó.

Para el analista, esta denuncia ha sido contundente y muy dura, agregando que es la primera vez en que se involucra al Presidente, en sentido de que hay una relación afectiva y que siembra dudas sobre la idoneidad profesional de Gabriela Zapata.

Dejó en claro que ahora el país quiere que todo el entredicho se esclarezca, reconociendo además que todo este caso, sin duda, será un golpe duro a la campaña por el SÍ, por lo que prevé que esta denuncia inclinó la balanza a favor de los partidarios del NO a la reforma a la Constitución Política del Estado.

EMPRESA CAMC

Puntualizó, al mismo tiempo, que la empresa china CAMC ha suscrito con el Gobierno siete contratos por valor de 560 millones de dólares, efectuándose la adjudicación de forma directa y sin licitación alguna.

“Las interrogantes son que en esta empresa hubo una representante de la empresa china con el Estado, Gabriela Zapata, y ha quedado establecido que fue la pareja del presidente Morales. El mismo mandatario ha reconocido la existencia de esa relación e inclusive reconoció la existencia de un hijo entre ambos”, agregó.

Siguió diciendo que a partir de ello, se han levantado muchas dudas respecto de cómo Zapata obtuvo la representación de esta empresa china, cuáles son sus méritos profesionales, la experiencia que ella tiene para ser representante de una empresa que hace negocios con el país por sumas millonarias.

ASAMBLEA LEGISLATIVA

En tanto, el legislador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Javier Zavaleta, afirmó ayer que la Cámara de Diputados y el Senado investigarán los contratos con la empresa China CAMC, que son cuestionados por presunto tráfico de influencias. El diputado que es parte de la Comisión de Planificación de la Cámara Baja, anunció que si son necesarias las indagaciones personales, se llagará hasta la gerente comercial de la empresa extranjera Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales.

“Se va a hacer una investigación de esos contratos y si es necesario llegará a una investigación de la fortuna de la señora Zapata, se lo va a hacer sin ningún inconveniente. Y, si ella misma no tiene nada que temer, seguro va a dar apertura y clarificar la situación”, aseguró Zavaleta.

La semana anterior se informó que Zapata vive en la exclusiva urbanización La Rinconada, en una vivienda de lujo que perteneció al fallecido exministro de Gobierno Guillermo Fortún, lo que indujo a múltiples versiones en las redes sociales.

RESPONSABLE DE IMPULSAR INVESTIGACIÓN

En el caso de la Cámara Alta, el responsable para impulsar la investigación, según Zavaleta, es el senador René Joaquino, presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

“Aquí no hay nada que ocultar, si ella (Gabriela Zapata) forjó su fortuna transparentemente no va a haber inconveniente que lo haga público y, segundo, esos contratos son de carácter público. Nadie le va a quitar el derecho al parlamentario a conocer esos contratos”, insistió el diputado.

En tanto, el presidente Morales solicitó ayer a la Contraloría la activación de una investigación sobre el caso de supuesto tráfico de influencias en los contratos con la empresa China CAMC. La autoridad ofreció una conferencia de prensa en la ciudad de Oruro, en la que indicó que se envió una carta a la Contraloría General con esa instrucción.