Unidad Demócrata (UD), a través del senador Óscar Ortiz, reveló ayer que de las siete adjudicaciones de obras estatales que recibió la empresa china CAMC solo una se realizó mediante licitación, mientras que para las otras seis se procedió por contratación directa o por excepción.
La semana pasada, el periodista Carlos Valverde denunció que hubo tráfico de influencias por parte del presidente Evo Morales porque su expareja Gabriela Zapata es la Gerente Comercial de dicha empresa china, que tiene siete contratos con el Estado.
Según los datos presentados por UD, los siete contratos que se adjudicó CAMC suman 573.601.513 dólares, de los cuales 470 millones fueron otorgados sin licitación.
Para el senador, existe la sospecha de que hubo tráfico de influencias en estos contratos directos o por excepción, porque estos implican una negociación entre las autoridades de las empresas estatales y la empresa china. Para el opositor estas modalidades de contratación son “un cheque en blanco para la corrupción”.
LOS CONTRATOS
De acuerdo con UD, el primer contrato estatal que recibió CAMC data de 2009. Entonces Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) compró tres perforadoras por la modalidad de contratación directa. El monto de la adquisición fue de 22.821.440 dólares, 18.829.320 dólares y 18.349.240 dólares, por cada uno de los tres equipos.
La segunda contratación de CAMC se realizó en marzo de 2012 y también fue de manera directa. La estatal (EASA) Empresa Azucarera San Buenaventura contrató a esta empresa para la construcción de una planta industrial en el norte paceño por un monto de 166.991.647 dólares.
Según Erbol, la siguiente adjudicación se produjo en 2013, año en que, según el ministro Juan Ramón Quintana, Gabriela Zapata comenzó a trabajar en CAMC.
Ese año se desarrolló una licitación para la construcción de un tramo de la vía férrea Montero-Bulo Bulo. CAMC ganó ese contrato del Ministerio de Obras Públicas por 103.167.226 dólares. El ministro Milton Claros reveló que el Gobierno entregó de anticipo 144 millones de bolivianos y que CAMC abandonó la obra en 2015, por lo que se pidió ejecutar boletas de garantías por 158 millones de bolivianos.
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