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Bolivia está ante un proceso de inflexión del modelo que rige al país desde 2006 y a partir del referéndum del domingo 21 podrán visualizarse mejor cinco paradojas que definen al gobierno y que, entre otras consecuencias, han afirmado la disconformidad con el sistema centralista y fortalecido el camino hacia el federalismo. La condición rural bajo la que se forjó el régimen del presidente Evo Morales languidece con la insurgencia de un país de abrumadora presencia urbana donde los empresarios están ante el dilema de ser o no ser ciudadanos plenos. Los conceptos vienen de Carlos Hugo Molina, el polifacético y multidisciplinario académico cruceño que en la década de 1990 ayudó a crear el sistema de participación popular.
La construcción de la amalgama “originario indígena campesino”, sin coma para separar conceptos, ha tenido éxito, en particular fuera de Bolivia, entre sociólogos y políticos que buscaban un paradigma que reviviese ilusiones perdidas con la caída del Muro de Berlín.
“El campesino es la explotación de la tierra, un modo de producción, en tanto que el indígena es una relación con la naturaleza. Ambos conceptos son excluyentes… No es lo mismo ser campesino que ser indígena”; ambos valoran la tierra de manera diferente, explicó el académico durante una charla en un café del centro cruceño. Sobre el avasallamiento de las fronteras entre esos conceptos, razonó, se yergue la primera paradoja que desafía al Movimiento Al Socialismo (MAS) y los ideólogos que lo forjaron.
“De ese estado indígena, tres cuartas partes de su población habitan en ciudades. En este momento, sobre 900.000 Km2, vive solo un millón y medio de personas”, señaló. Habló con la certidumbre estadística del demógrafo que ha puesto el pie en casi todos los 339 municipios bolivianos. Con la fuerte presión migratoria que ocurre sobre aquella porción poblacional, el censo subsiguiente, el de 2032 (uno por decenio, el más reciente fue en 2012), puede traer un resultado sorprendente: la población rural se tornaría estadísticamente irrelevante. El censo que pasó reveló que el 75% de la población vivía en ciudades. La proyección es que en pocos años más y el 85%. Bajo la tendencia en curso, el siguiente censo el porcentaje podría subir aún más.
La paradoja estriba en cómo encaja esa realidad en un estado “originario indígena campesino” en el que la trilogía desaparece porque la mayoría vive en ciudades. Puede concluirse que ese estado deriva en entelequia, pues no calza en la realidad.
La migración campo-ciudad conlleva una ruptura del modo de producción. “Por eso (de las olas de migrantes) surgen grandes reservaciones en las ciudades; son la única manera de sobrevivir en un estado que en su concepción no reconoce lo urbano y hace que lo originario indígena campesino intente serlo aun en la ciudad, en desmedro de su calidad de vida…”.
El fenómeno, destacó, no es para entrar en pánico, pues es una tendencia continental. En América Latina el porcentaje urbano promedio es del 80%, con tendencia a crecer y llegar al 85% proyectado para Bolivia, pero solo Bolivia ha creado el sello indígena originario campesino.
El despoblamiento rural tiene su mayor expresión en Chuquisaca, subrayó. Su crecimiento fue de solo el 0,76% respecto al censo previo y menos de la mitad del 1,57% del país (Santa Cruz ostentó un 2,56%). De las 10 provincias chuquisaqueñas ocho han perdido población. “No se han ido a Sucre, se han ido fuera del departamento”. Los datos vienen de tres censos consecutivos y se han vuelto constantes, para conformar “una realidad irreversible”.
El fenómeno traspasa los ámbitos académicos. La transformación demográfica de Bolivia y la supremacía urbana empiezan a pasar facturas políticas. En las últimas elecciones nacionales, perdió en ocho de las diez ciudades más pobladas el partido de gobierno que acuñó el oxímoron indígena originario campesino. Solo ganó en Chuquisaca y Potosí. La lectura del fenómeno es que el gobierno no tiene manejo apropiado del tema urbano y por eso es derrotado cuando es sometido a una prueba.
El crepúsculo de la mayoría demográfica rural “no es un tema que nos castiga o que seamos sus inventores. Está presente en el mundo”, recalcó. “Es un proceso de migración y ocupación de espacios… en el caso de Bolivia nos lleva a descubrir a plenitud que no habíamos sido distintos”.
La segunda paradoja, dijo, nace de la seguridad alimentaria. El modelo del socialismo andino-amazónico de la pequeña unidad productiva de la comunidad es un ningún éxito. Hay seguridad alimentaria pero no soberanía alimentaria nacional. Aún hay grandes segmentos afectados por la desnutrición. No se puede construir una soberanía alimentaria con la base de la pequeña producción. “Cuando al final de la década pasada hubo la confrontación… en Santa Cruz decrecieron los cultivos tradicionales de maíz, aceite, azúcar; hasta hubo que importar cebolla, arroz, aceite, porque el enfoque fundamental era la toma y control ideológico y político del modo de producción”.
“El gobierno ha entendido que no puede pelearse con Santa Cruz y ha abierto un paréntesis. Si no puede hacerlo con Santa Cruz sí puede hacerlo con los cruceños”. La apuesta es hacia una alianza para alcanzar metas de producción y de ahí surgen acuerdos con empresarios y grupos empresariales capaces de producir en una escala mucho mayor que el productor individual. Las autoridades, sin embargo, no perciben las consecuencias de esa nueva estrategia. “De la misma manera que no han asumido que este país es urbano, no pueden admitir que este país no puede vivir sin grandes productores”. Admitirlo resultaría en un naufragio ideológico. Tampoco pueden reconocer de manera explícita que la pequeña unidad no garantiza seguridad alimentaria. La convergencia de intereses es la que origina los frecuentes encuentros entre autoridades y grandes sectores productivos. “Eso es legítimo”.
La solución de esta paradoja ocurrirá cuando el gobierno reconozca que la pequeña producción no garantiza la soberanía alimenticia del país. “No lo va a hacer porque eso es debilitarse desde el punto de vista del mensaje. O cuando los empresarios y productores recuperen su calidad de ciudadanos y dejen de ser súbditos. Ahora son súbditos porque le hacen caso a García Linera cuando les dice: Ustedes no se metan en política y produzcan, pues eso es lo que saben hacer. Nosotros somos inflexibles con nuestros adversarios. Y ellos le han hecho caso”.
“En esa condición no son ciudadanos, no pueden pensar”, remató. “En el momento en que los empresarios le digan públicamente al presidente: No estamos de acuerdo con lo que usted está haciendo o con lo que está diciendo, pero tenemos que ponernos de acuerdo por el bien del país, en ese momento se resuelve esta paradoja”.
Le pedí un ejemplo de algún país.
“Brasil. Lula entendió que la relación que debía tener era (con) el gran capital, con quienes desde el punto de vista ideológico lo antagonizaban. Tuvo excelente relación con los banqueros e industriales… el estado no podía resolver su relación de producción desde el gobierno sin esos sectores. Es el caso más elocuente. También lo es el de Tabaré Vázquez, en Uruguay”.
En Bolivia, sostuvo, no ha ocurrido un modo de producción diferente. Solo hay un discurso distinto. “Estamos ante la realidad objetiva y el discurso. Y eso plantea la paradoja: Ni el estado asume que la pequeña unidad productiva no va a resolver la seguridad alimentaria ni los empresarios asumen sus diferencias con este modelo. Bajo él, el gobierno ha obtenido la victoria política y militar sobre el antagónico. El empresario dice: Si nos da la oportunidad de ganar, ¿por qué nos vamos a pelear?”.
La tercera paradoja es que nadie ha hecho tanto para reconocer la cualidad histórica federal del estado boliviano como el sindicalista que practica el centralismo democrático, Evo Morales. El exceso de centralismo, en el que el presidente cubre la agenda nacional, departamental y municipal ha subrayado la necesidad de avanzar hacia un auténtico federalismo. Las 36 naciones que reconoce la CPE y que preceden al estado y lo sustentan, son un hito hacia un país federal. El avance conllevará reformas que garanticen la independencia del poder judicial. Una justicia independiente no habría dado curso a la posibilidad de reelección de mandatarios.
La cuarta paradoja está en la economía. Pese a todas las medidas que ha tomado (nacionalizaciones y controles sobre la economía), muy poco puede hacer ante fenómenos que repercuten sobre Bolivia. La participación boliviana en acuerdos de integración representa pérdida de soberanía, que crecerá a medida que los procesos integracionistas avancen.
La quinta paradoja viene del área que le ha otorgado plena unanimidad: la causa marítima. La principal representación y la vocería están a cargo de dos ex presidentes “neoliberales”. Son piezas de un tablero que el presidente no puede remover porque arriesgaría la unanimidad que este tema concita en el país y quebraría el mayor objetivo nacional. Recordó que el desempeño del ex presidente Carlos Mesa ante la TV de Chile (“el rating fue mayor que el de un partido mundial de fútbol”) le confirió una unanimidad nacional que le permitió discordar con la re-reelección y luego decir, hace un mes, que el presidente Morales estaba en deuda con Gonzalo Sánchez de Lozada porque las reformas que éste dictó pavimentaron la vía hacia el Estado Plurinacional.
Vistas en conjunto, dijo, las cinco paradojas, evidencian una inflexión de naturaleza política. El presidente “ya no puede hacer lo mismo que hacía en sus inicios”.
El repaso del quinteto paradojal exhibió también la posición del académico, escritor, historiador y político ante el referéndum del 21. “Catorce años son suficientes”.
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