Licitaciones públicas son garantías de transparencia

Después de conocerse públicamente que seis de los siete contratos que suscribió la empresa china CAMC con el Estado boliviano fueron por invitación directa y por excepción, el constitucionalista Carlos Alarcón señaló que las licitaciones públicas son la garantía de transparencia y las otras modalidades deberían ser la excepción.  

“Cuando se trata de cifras millonarias que están en juego en una adjudicación, la licitación pública es un principio básico para la transparencia y para preservar los intereses del Estado y evitar daños al Estado. Solo en casos extraordinarios excepcionales se puede dejar de lado una licitación pública, por ejemplo, cuando hay una emergencia sanitaria o ambiental o un desastre natural ó cuando hay un único proveedor”, señaló a ANF el exministro de Justicia del gobierno de Carlos Mesa.  

Según Alarcón, las excepciones en tipo de contratos por invitación directa y por excepción también podrían darse en las empresas estatales que requieren por razones de competitividad agilizar contrataciones.

“Es lo que se ha dado con YPFB porque si quiere ser competitiva en el terreno industrial o comercial debe tener sistemas ágiles de contrataciones para no quedarse en desventaja frente a otros competidores. Hay casos especiales de empresas estatales que funcionan bajo la forma y dinámica comercial, pero son casos excepcionales”, señaló.

REGLA QUE GARANTIZA TRANSPARENCIA

El jurista insistió que la regla que garantiza transparencia en el manejo de los intereses económicos del Estado es la que se rige bajo licitaciones públicas con participación de varios proponentes, y más aun cuando compromete montos importantes como los que logró adjudicarse CAMC con el Estado boliviano. Los contratos por vía directa y por excepción habrían ascendido a más de 470 millones de dólares.

«Es lamentable que en Bolivia se estén adjudicando cifras millonarias por procedimientos que no sean de licitación pública ya sea a nivel nacional o internacional», subrayó.  

Alarcón señaló que existe una distorsión de los conceptos arraigados en la Edad Media, cuando los reyes concebían al Estado patrimonial. «Los gobernantes actuales se consideran que son dueños del Estado, y que por tanto, todo lo que hagan y decidan es el interés mayor del Estado, cuando es al revés, los gobernantes están por debajo de los intereses del Estado y deben estar al servicio de esos intereses. El dinero es público y por tanto de todos los bolivianos», aseveró.

Las declaraciones de Alarcón surgen luego de que el periodista Carlos Valverde denunciara que la empresaria Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales y madre de su hijo, ocupa un alto cargo ejecutivo en la empresa CAMC, por lo que sugirió un supuesto caso de tráfico de influencias. El Primer Mandatario negó las acusaciones y dijo que su hijo falleció siendo aún un bebé.

DECRETO SUPREMO 1497

El Decreto Supremo 1497 del 20 de febrero de 2013 modificó varios artículos del DS 0181 de Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de 2019, por el cual, según Alarcón, “se flexibilizó demasiado la norma, pero no tanto como para ignorar la modalidad de las licitaciones públicas como la práctica que más debió implementarse” .

Para el registro de contrataciones efectuadas sin convocatoria, señala la norma que  se asignará el Código Único de Contrataciones Estatales (CUCE) para los casos de contrataciones menores, contrataciones por excepción, contrataciones por desastres y/o emergencias, contrataciones directas de bienes y servicios, contrataciones con objetos específicos, contrataciones con norma específica de excepción y otras modalidades definidas por el organismo financiador que no requieran publicación de convocatoria.