El gravísimo problema de la corrupción desarrollada con dineros entregados al Fondo Indígena, dizque para la realización de obras en las áreas rurales, ha resultado ser -aunque no se crea, el “talón de Aquiles” del Gobierno-, el problema mayor de su gestión que ya pasó de los 10 años y que, de no solucionarse debidamente, quedará como un baldón para el propio Presidente de la República, su Vicepresidente y su partido MAS. No creer esta realidad es pecar de ingenuidad y ceguera que, felizmente, se ha reconocido y se ha intentado identificar a los autores o culpables de los hechos.
Existen diversas suposiciones e innumerables criterios al respecto, tanto en niveles oficiales como en la oposición; ha resultado el caso un “incordio” político que conviene resolver a la mayor brevedad; pero, actuando con la verdad de los hechos, sin tapujos ni sofismas; sin buscarle justificativos que no tienen los actos de corrupción que son la no realización de las obras programadas y la apropiación de muchísimos millones de dólares por parte de “dirigentes campesinos y del partido de gobierno”, según expresiones múltiples que corren por la comunidad nacional y que el Gobierno, hasta ahora, no ha podido o no quiso aclarar.
Parecería existir “cierto encubrimiento” a lo ocurrido y que sería una “estrategia oficial”; se sugiere, desde el Parlamento por parte de un diputado, “conformar una comisión mixta para esclarecer el problema Fondioc”. En todo caso, lo que se haga debe ser prontamente porque, según parece, las pruebas son contundentes, muchos de los implicados o autores circulan tranquilamente por el país y sólo habría que “unir los eslabones de la larga cadena” y proceder con la energía de la que disponen las leyes.
Para el gobierno y su partido, es de conveniencia capital aclarar el caso, recuperar la mayor cantidad de dinero y, con carácter de urgencia, establecer mediante auditorías serias qué obras se realizaron, cuál fue su costo y si responden a los fines propuestos. No caben ahora medias tintas, o informes desarticulados sin pies ni cabeza; descubrir todo lo que hay en el fondo del problema es deber irrenunciable del Gobierno porque en ello cifra su prestigio que podría manchar todo el proceso de 10 años que el propio Presidente quiere salvar de cualquier contaminación que signifique “destrucción de lo realizado” y, mucho más, en ante-vísperas de un proceso de referéndum que “busca cambio del artículo 168 de la Constitución” para ver si fuera factible una nueva re-re-reelección presidencial el año 2019 que busca el partido de gobierno.
No actuar con la debida energía y responsabilidad en el caso Fondioc es aplicar, nuevamente, la malsana política del “dejar hacer y dejar pasar”, política que hizo tanto daño en la vida nacional porque se ha convertido en una especie de “tapón para ocultar la corrupción” y que, en su momento, cada gobierno o cada régimen de facto ha utilizado como arma para ocultar delitos y mostrar inocencias inexistentes.
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