La aplicación de impuestos

El tema de los impuestos públicos es y seguirá siendo muy complejo. De una parte, tiene que haber la convicción de que es necesario que existan. Se justifican, es cierto, porque sólo de esta forma puede esperarse tener servicios y disponerse de obras de toda magnitud y naturaleza.

De lo contrario, las sociedades organizadas no podrían pretender ser tales, porque carecerían de los medios y posibilidades de desarrollar sus existencias, individuales y colectivas. Al no suceder ello, sencillamente no podría salirse de la vida tribal e incluso de la barbarie.

Entonces, en una sociedad organizada todos tienen que estar conscientes de que únicamente con el pago de impuestos pueden sobrevivir y aspirar a que sus condiciones de vida sean cada día mejores, en la medida que tengan la posibilidad de acceder a una convivencia civilizada.

La cuestión, sin embargo, tiene sus vértices. Depende del sistema político y social que imperen. De una parte, tienen que haber autoridades, de distintas escalas, para que las respectivas poblaciones aporten para ejecutar las obras y servicios que requieren.

Dentro del rigor lingüístico, el aporte y la obligación tienen distintos contenidos. El aporte es voluntario y la obligación resulta ser impositiva. Sin duda, lo ideal sería que para poner en vigencia las políticas tributarias sean consensuadas entre autoridades y habitantes.

De esta manera, las exigencias serían recíprocas. Las autoridades que asumen el rol de recaudadoras tendrían que justificar plenamente ante los tributantes lo que es necesario gastar y lo que se requiere para cubrir los costos del desarrollo y el progreso colectivos.

En buenas cuentas, lo mejor consistiría en equilibrar los requerimientos públicos y las posibilidades empresariales e individuales para convenir los aportes que deben realizarse, en términos de racionalidad. Con ello, se conciliarían la necesidad pública y las factibilidad privadas.

La modalidad aparentemente luce ingenua, pero desde el punto de vista de los derechos y obligaciones lo que se consigue es la equidad. Es decir, el equilibrio entre ambos extremos.

Deplorablemente, los seres humanos históricamente han optado por constituir poderes y aceptar por ser dependientes de éstos. Con esto, se ha dado lugar a que unos, aunque podría decirse que son los menos, son los que aspiran o buscan ejercer el poder y el resto implícitamente acepta obedecer.

En consecuencia, el poder impone y la obediencia a cumplir. Parecería ser que es lo más fácil y viable, pero el hecho es que la y las personas que quedan revestidas de poder, por lo general se tornan autoritarias. Por tanto, no se conforman con exigir, sino someter.

A la vez, los que tienen que cumplir están inermes, no tienen capacidad alguna de por lo menos cuestionar. Lo que les queda es acatar o de lo contrario corren el riesgo de que adicionalmente se les apliquen sanciones. O sea, que por no cumplir lo que se estipuló con carácter general, se les adiciona penalidades, entre las que incluso figura la reclusión carcelaria.

Al llegarse a estas situaciones, cabe también formular una acotación de fondo. Esas personas que por medio de elecciones generales, regionales y comunales llegan a los niveles de ejercer los poderes correspondientes, son producto del voto que deposita cada quien en las urnas. Por tanto, podría decirse que explícitamente cada elector –con edad mayor a los 18 años, en el caso actual de Bolivia- ha depositado su confianza en quienes quedarán revistos de los poderes respectivos.

La reflexión final que podría verterse, en esta eventualidad, es que son las mayorías las que otorgan estas facultades. Por consiguiente, cuentan con la preferencia y el consentimiento de los más. Unas veces puede que los resultados sean acertados, pero en otras fallidos. Los arrepentimientos pueden producirse en otras elecciones, entretanto, a todos únicamente les queda decir amén, ante las exacciones que se les ocurra imponer a los detentadores de los poderes públicos.