Toda controversia surge porque existen diferentes percepciones sobre el asunto que las origina. En el caso de “tráfico de influencias”, que se ventila actualmente en el país con características de escándalo, la cuestión de fondo empero se reduce a dos puntos de vista, lo cual se identifica habitualmente como las dos puntas del ovillo.
De una parte una empresa estatal china que firma siete contratos para realizar diversidad de obras, que van desde instalar un ingenio azucarero hasta construir un tramo ferroviario. Por medio, existen otras disimilitudes que en cualquier parte del mundo y a cualquier observador le tienen que llamar la atención.
De otro lado está una persona que de escasos 26 años de edad asume la gerencia comercial de esa empresa china que, precisamente por ser estatal, tiene respaldos millonarios para asumir cualquier compromiso en el mundo.
Ante esta circunstancia, lo menos que se puede decir es que un país de la magnitud de China, actualmente la segunda potencia económica del mundo, sorprende que contrate a una persona que, por los informes que se difunde, ni siquiera tiene un título profesional para asumir semejante responsabilidad.
Acerca de ello, cabe también anotar que China tiene poco menos que centenares, si acaso no miles, de profesionales de alto rango para asumir responsabilidades como las de la gerencia de una empresa de tanta magnitud nacional e internacional. Pues, CAMC firmó en Bolivia siete contratos para invertir nada menos que 550 millones de dólares.
El simple hecho de tener alguna injerencia en la administración de tanta cuantía financiera exige experiencia y competencia de los más altos rangos. Entonces, ¿cómo puede explicarse que nada menos una potencia mundial corra riesgos en depositar responsabilidades en una persona foránea y, adicionalmente, sin mayor tradición de haber ocupado antes puestos gerenciales, ni siquiera en las modestas empresas nacionales? Pero se le confirió responsabilidades de semejante magnitud.
Estas reflexiones son las que inducen a presumir que pudo haber alguna irregularidad, ya sea de la empresa que asume compromisos por centenares de millones de dólares en Bolivia o de la contraparte que se arriesga a poner en sus manos la ejecución de siete importantes proyectos relacionados con el desarrollo y el progreso del país, sin preocuparse de las garantías que demandaban.
Cuando se efectúa análisis de esta naturaleza, por supuesto que tiene que profundizarse para encontrar las explicaciones y, más que eso, los justificativos básicos que induzcan a satisfacer los interrogantes que emergen de una situación tan extraña.
Al intentar llegar a esas honduras, la respuesta más elemental que puede encontrarse es que, de por medio, existió en la suscripción de los contratos intereses o debilidades non santos.
De momento, sin el ánimo de emitir juicio alguno, lo único que cabe esperar es el desenlace que pueda tener una cuestión que concierne específicamente a las más altas conveniencias en la administración de los bienes de todos los bolivianos, porque son éstos los que generan las disponibilidades comprometidas en los contratos concertados en nombre del país. Para ello, la mínima exigencia es la pulcritud.
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