En las actuales circunstancias políticas, la separación e independencia de los órganos o poderes del Estado está siendo echada por la borda. Esta degradación institucional atenta contra disposiciones constitucionales expresas que, precisamente, norman la autonomía de los poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral, si bien se complementan con la coordinación y colaboración entre los mismos, pero en la comprensión de que el carácter de estas últimas debe tener lugar sólo en un plano institucional.
Sin embargo, estos principios fundamentales del Estado (Art. 12, III CPE) no merecen el respeto de la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño y del presidente de Senadores, Alberto Gonzales, además del resto de sus miembros. La conducta consecuente que deben los personajes mencionados, tiene que observarse hacia dentro y hacia afuera, no obstante, ocurre que actúan francamente como apasionados y oficiosos defensores de Evo Morales, presidente del Estado, y lo hacen ante la más mínima alusión, como se está viendo en los prolegómenos del referéndum, despojándose de su propia investidura, muy ajena al Órgano Ejecutivo. Tal actitud de defensa y ataque al mismo tiempo contra los opositores a la re-re-re postulación -que es en el fondo los que se dirimirá el día 21 próximo-, es a todas luces oficiosa e impropia y sobrepasa el papel y rol que les impone la ley, más aun si las críticas no incumben por ningún concepto al Órgano Legislativo al cual se deben. Únicamente les correspondería intervenir cuando se involucre temas legislativos.
Si los presidentes de las cámaras legislativas no conocen sus funciones específicas y no velan -insistimos- por el respeto al órgano al que representan, el Ejecutivo tiene las puertas abiertas para avasallar llanamente la independencia legislativa y encuentra fácil camino en la docilidad absoluta de los dos tercios oficialistas, obsecuencia que compromete y afecta la credibilidad del Primer Órgano del Estado.
Este cuadro dibuja con nítidos trazos el sometimiento de diputados y/o senadores parciales del Gobierno cada vez que acuden al Palacio Quemado para recibir directivas del presidente Evo Morales. Se ha perdido, por cierto, la dignidad institucional y se escenifica una burla a la independencia y separación de los poderes, piedra fundante del sistema democrático. Estas visitas son reconocidas públicamente por sus mismos protagonistas. No hace mucho en un canal televisivo el diputado Javier Zabaleta (MAS), sin rubor alguno, aludió a que los lineamientos presidenciales son “instrucciones” de cumplimiento ineludible.
Este género de obsecuencia ha cobrado patetismo extraordinario en las últimas presentaciones en toda la gama audiovisual local y nacional, por las ardorosas posturas de los nombrados en el intento de justificar delicados cargos a la gestión de Gobierno en curso. El hecho de pertenecer al mismo partido no avala el desempeño abogadil descrito.
Estas prácticas reñidas con la seriedad y respetabilidad que son las mejores credenciales de los órganos del Estado -ahora tan maltratadas y ultrajadas- son el mejor caldo de cultivo para la concentración absoluta del poder en los dos exponentes ejecutivos del país, ni duda cabe, en violación y menoscabo de otro de los preceptos sacros de la CPE, por el cual “las funciones de los órganos públicos no pueden reunirse en un solo órgano ni son delegables entre sí” (Art. 12.III CPE), lamentablemente no viene ocurriendo así en desmedro de la institucionalidad.
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