Interventora y Fiscalía imputan a dos ancianas

La juez Segundo de Instrucción en lo Penal y Cautelar, Lía Cardozo, determinó ayer la detención domiciliaria de dos ancianas, pese a la solicitud del Ministerio Público y los representantes del ex Fondo Indígena, que pidieron la detención preventiva en un penal calificándolas de un peligro para la sociedad y sin presentar la inspección ocular de un proyecto calificado fantasma. La defensa de ambas personas logro desvirtuar estos extremos y señaló que el proyecto es real y los responsables de la intervención de la institución se negaron a recibir los descargos.

Enmanilladas y visiblemente afectadas, Lidia Q. de M. de 61 años y Graciela G. Ch. de 69 naturales de Charaña, provincia Pacajes, fueron trasladadas desde esa localidad donde viven del pastoreo, imputadas por el delito de incumplimiento de contratos.

Gregorio Blanco, fiscal del caso, apeló la determinación de la juez Cardozo y apeló la medida sustitutiva, por lo que sus familiares de ambas bisabuelas expresaron su preocupación siendo que ellas no figuran como las responsables del manejo económico y que existe una infraestructura que no ha sido valorada por la interventora.

Ivan Cernadas, abogado de ambas, en audiencia, desvirtuó los cargos presentados en contra de ambas, mostrando documentación que señala que desde que fueron informadas de la intervención del ex Fondo Indígena, ambas presentaron descargos pero que estos fueron rechazados.