Periodistas piden garantías tras amenazas de juicios

Santa Cruz (ANP).- La Asociación de Periodistas de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra solicitó garantías para el ejercicio de la profesión y el periodismo de investigación, tras las amenazas expresadas contra Carlos Valverde Bravo, el periodista que reveló la existencia de un tercer hijo del presidente Evo Morales y el supuesto tráfico de influencias en favor de la madre del menor, Gabriela Zapata Montaño, que trabaja en el consorcio chino CAMC, una firma beneficiada con la concesión directa de millonarios contratos del Gobierno.

En un comunicado emitido el 11 de febrero, la organización se declaró en alerta para que las garantías constitucionales vigentes en el país se cumplan a cabalidad y rechazó las amenazas de represalias contra periodistas y medios por revelar supuestos casos de corrupción y que se anuncian para después del 21 de febrero.

En esa fecha, unos seis millones de votantes participarán en un referéndum para decidir por el apoyo o rechazo a una modificación de la Constitución Política del Estado (CPE) y la reelección de Evo Morales y su vicepresidente, Álvaro García, para un cuarto mandato.

“En el caso de nuestro asociado, Carlos Valverde Bravo, velaremos para que sus derechos constitucionales sean garantizados por el Estado, derechos a la libertad de expresión, de prensa e individual. La Asociación de Periodistas de Santa Cruz, insta a sus socios y colegas a no amedrentarse y evitar la autocensura. Recordamos que desde siempre los periodistas bolivianos han defendido la libertad de pensamiento, de expresión y de prensa, derechos inquebrantables de todos los seres humanos”, establece el documento.

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, fue el primero en anunciar un proceso legal contra Valverde después del referéndum; le siguió el anuncio del viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, que pedirá a la estatal Autoridad de Telecomunicaciones y Transporte el cierre del canal Activa Tv, en el que se emiten los programas televisivos de Valverde.

Carlos Valverde expresó que no teme a eventuales juicios, porque dijo que su denuncia está documentada y en el caso específico del ministro Quintana, lo desafió a iniciar demandas ante los tribunales de imprenta, como establece la legislación boliviana.

El consorcio chino CAMC, que se ha adjudicado cinco contratos por vía directa y apenas uno por licitación, también anunció querellas contra Valverde a tiempo de rechazar que se beneficie de tráfico de influencias.

La aludida, Gabriela Zapata, eligió un medio televisivo el 10 de febrero para amenazar con juicios al periodista que la señala como responsable de aprovechar su relación con Morales para promover negocios del Estado en favor de CAMC.

Morales admitió que Zapata fue su pareja entre 2005 y 2007, y también que tuvieron un hijo, aunque dijo que el menor falleció. El Presidente de Bolivia aseguró no haber tenido más contacto desde entonces con ella, aunque una fotografía de 2015 los muestra juntos durante el Carnaval de Oruro. Morales admitió que esa imagen es auténtica y afirmó que es una de muchas fotografías que le pide la gente.

Los contratos por vía directa o por excepción concedidos por el Gobierno al consorcio chino CAMC, en el que Gabriela Zapata oficia como gerente comercial, son: la represa Misicuni ($us 60 millones), planta de sal de potasio ($us 160 millones), alquiler de cinco taladros para prospección petrolera ($us 70 millones) y construcción de un ingenio azucarero en San Buenaventura ($us 165 millones). La única licitación ganada corresponde a la construcción de una vía férrea ($us 100 millones), suspendida por incumplimiento de la empresa.