Menos impuestos, más contribuyentes

El senador oficialista por el departamento de Potosí, de apellido Joaquino, hace unos días al hacer referencia a que sólo un millón de ciudadanos tributan, ha tocado un asunto que merece debatirse y considerarse, el de la tributación y administración tributaria en nuestro país.

Según el Padrón Electoral para el referéndum modificatorio de la Constitución Política del Estado, algo más de seis millones de ciudadanos constituyen ese padrón, es decir que de los poco más de diez millones de habitantes que tenemos de población (según el Censo de 2012), poco más de seis millones son población económicamente activa, es decir mayor de dieciocho años, pero de estos seis millones, sólo un millón tributa, es decir está empadronado para tributar.

El millón de ciudadanos que tributan directamente al Fisco, por diversas actividades económicas que efectúan en su cotidiano vivir, resultan apenas un 15 por ciento de la cantidad de gente que debería tributar, pues cerca del 85%, está en la economía informal, la misma que tiene un crecimiento anual importante.

No cabe duda que, como dicen las leyes, todos deberíamos tributar al Estado, para que éste cumpla con la finalidad de buscar el “bien común”, es decir el bien de todos los habitantes, a través de los planes y programas de beneficio colectivo, pero cuando es el mismo administrador del Estado, el Gobierno, el que por privilegiar a sus adherentes, dicta normas para que ciertos sectores no tributen como deberían (caso de las cooperativas mineras), o en otro caso no tributen nada, como los productores de hoja de coca que, como se sabe, perciben importantes ingresos anuales por la demanda de esa hoja, en especial para fines ilegales.

Lo que debemos anotar es que quienes estamos obligados a tributar, por imposición (impuestos) del Estado, a su vez, estamos sujetos a una normativa y administración tributaria, “represiva y exaccionadora”, pues toda la relación del contribuyente con la administración de impuestos, está basada en multas, intereses, sanciones, clausuras, remates y la imposición en UFVs, es decir en un valor monetario fijado por el Gobierno, que es más del doble del valor de la unidad monetaria boliviana. Por ello la ciudadanía ha bautizado al sistema impositivo, como “terrorismo tributario”.

En una sociedad como la boliviana, donde la mayoría de la población vive en los términos de pobreza -aunque alguna gente del Gobierno diga que ya no somos pobres- seguramente creyendo que como ellos ya no son pobres, todos los demás también dejaron de serlo, el problema impositivo debe convertirse más bien, en un incentivo para que la ciudadanía, vuelque sus esfuerzos en la actividad económica formal y no como sucede en este tiempo, que ha disminuido el número de empresas debido precisamente a los rigores impositivos, y el acoso de otras reparticiones públicas, lo que hace que los emprendedores en nuestro país, sean verdaderos quijotes.

Se debe bajar la tasa impositiva, heredada del pasado político (cuando los ingresos del Estado eran cinco veces menores a los del actual gobierno) al que tanto ataca el régimen populista del MAS, pues de cada cien bolivianos que percibe una persona en nuestro país, 29 son impuestos (IVA, IT, Impuesto complementario al IVA).

Una política fiscal que apunte al tributo racional y que alcance a todos los ciudadanos, ampliando el universo de tributantes, y dejando de lado la draconiana legislación y administración tributaria.

La política fiscal tributaria bien entendida, es también un medio de atraer a las inversiones directas externas, es decir un estímulo a sus inversiones, para de esta manera generar empleo y elevar los índices de crecimiento y desarrollo económico y social.

El Gobierno actual, al bajar los precios de las materias primas que exportamos y de las que vivimos en más de un 80% de los ingresos nacionales, ha determinado incentivar los ingresos al Tesoro Público, mediante una “caza de brujas” a los contribuyentes, en algunos casos con millonarios montos por multas y otros, como los impuestos a la Cervecería, el ingenio azucarero Guabirá, violando en algunos casos derechos humanos, constitucionales y civiles. En muchos casos los ciudadanos se sienten indefensos y desesperados.