Gobierno investigaría a jueces que otorgaron amparo a empresa china

El vicepresidente Álvaro García “aceptó” la idea de abrir una investigación en contra de la juez Virginia Crespo, presidente de la Sala Penal Primera, que en diciembre pasado dictó procedente el Amparo Constitucional a favor de la Empresa China CAMC, en la que es gerente comercial Gabriela Zapata Montaño, expareja del presidente Evo Morales. Con esa determinación, impidió la ejecución de las boletas garantía por incumplimiento de contratos, por valor cercano a los 158,8 millones de dólares.

Garcia Linera calificó de “sospechosa” la actitud de la juez Crespo, presidente de la Sala Penal Primera, exesposa de Wilfredo Chavez, exministro de Gobierno del MAS, por lo que aceptó la posibilidad de abrir una investigación en su contra, con el fin de esclarecer las razones por las cuales falló en contra del Estado.

Además de Crespo, la Sala Penal Primera está compuesta por el Vocal Willy Arias, que en otra ocasión fue denunciado por haber dictado procedente la salida de la cárcel de un presunto infanticida.

Con la determinación, Crespo evitó que se ejecuten las indicadas boletas por incumplimiento de CAMC del contrato para la construcción de la vía férrea Montero-Bulo Bulo, Tramo I Montero, Santa Rosa, río Yapacaní, adjudicación que fue observada por presunto tráfico de influencias, puesto que favoreció a la empresa donde trabaja la expareja del presidente Morales.

“Es sospechoso para mí, que la jueza que acá en La Paz aceptó ello (concedió el amparo a favor de CAMC) lo haya hecho, tomando en cuenta, pero callándose, del terrible daño que le podía haber ocasionado al Estado boliviano, en caso de que no podamos ejecutar las boletas de garantía”, afirmó el vicepresidente García, ante la consulta que le efectuó EL DIARIO.

En cuanto al fallo que emitió el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), de negar el recurso de amparo y dar lugar a la ejecución de las boletas de garantía, García la calificó de saludable, pues era la única forma de control que el Estado tenía sobre empresas que no cumplen con sus obligaciones.

“Saludamos la decisión del TCP, porque ponía en riesgo, en peligro, el único mecanismo que tiene el Estado para fiscalizar, controlar y castigar los incumplimientos de las empresas privadas extranjeras y nacionales, en el cumplimiento de obras para el país”, afirmó el Vicepresidente.

Asimismo, expresó que este fallo y la demanda que interpuso el Estado es la evidencia de que no existe tráfico de influencias en favor de la empresa CAMC.