Una de las frases conocidas por “moros y cristianos” es que cuando no se quiere llegar a ningún resultado, se organiza una comisión. En relación con los acontecimientos de los últimos días se anunció la conformación de dos comisiones. La primera para el presunto tráfico de influencias en el conocido caso Gabriela Zapata Montaño y su relación con el presidente Evo Morales, alrededor de los millonarios contratos con la empresa china CAMC. La segunda comisión destinada a investigar los sucesos de El Alto, con la pérdida de 6 vidas y 18 heridos. Esta comisión fue encomendada por el Fiscal General al Ministerio Público de La Paz.
Se conoce ampliamente que cuando el tema investigado es político, como en estos casos, la regla es la falta de acuerdo en el interior de la comisión, para terminar -cuando es posible- en sendos informes por mayoría y por minoría. El primero es siempre favorable a los intereses del Gobierno, en consecuencia nada pasa. El informe en minoría es archivado.
Los gobiernos de turno -más notoriamente en el actual- intentan distraer a la opinión pública ponderando que depositan en el Ministerio Público la investigación de tal o cual caso que pueda afectar a la gestión correspondiente de gobierno. Como se viene viendo, el Ministerio Público es incapaz de pronunciarse contra el Gobierno y éste actúa con esa seguridad. Sin embargo, a estas alturas la expectativa pública no cae en el engaño, a sabiendas que en manos de la indicada instancia nada se esclarecerá o la enterrará el olvido. Otra alternativa es el adormecimiento mediante dictámenes parciales y contradictorios, ahí tenemos la muerte del bebé Alexander, para citar solo un caso entre muchos. Tampoco es raro que los denunciantes terminen procesados.
En la comisión legislativa constituida por 7 oficialistas y 5 opositores para investigar los conflictos con la empresa CAMC, los oficialistas han adelantado rotundamente que exclusivamente se trabajará sobre los contratos concedidos y no sobre el supuesto tráfico de influencias, en clara contradicción con las exigencias éticas y de transparencia. Desde ya se puede imaginar el resultado.
En cuanto a los luctuosos sucesos de la alcaldía de El Alto, se debe dar por seguro que la comisión de fiscales dejará de lado la causa de la muerte de los infortunados, cuando no la atribuirá a que las propias autoridades municipales impidieron que los funcionarios desalojen el edificio, como con increíble sarcasmo han emitido voces oficiales. Por supuesto, no se investigará la posible gestación de la manifestación por los agentes y aliados del oficialismo, pese a que sus destacados prosélitos instaban a la violencia, algunos de los cuales antes de salir inocentes e indemnes de pena y culpa, fueron detenidos. Mucho y muy truculento se debería investigar en este crimen de claros tintes políticos, como la quema premeditada de los archivos que comprometen al ex alcalde Patana y compañía.
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