Antes y después del referéndum

El referéndum del domingo históricamente marca una línea divisoria entre el antes y el después. El protagonista central de lo que ocurría y sucederá en el futuro es el gobierno de Evo Morales, por lo que le corresponde asumir la diferencia, de lo contrario se le pueden tornar mucho más difíciles de lo habitual los cuatro años que le quedan para cumplir su gestión.

Una vez más corresponde señalar que incurrió en grueso error al decidir que se realice el referéndum, nada menos que para asegurar una incierta posibilidad de que se le apruebe la reelección por el período 2020-2025, después de haber sobrepasado ya el número de éstas, como prevé la Constitución. Adicionalmente, por su excesiva anticipación,

ahora está comprometido, si acaso no obligado, a cumplir el mandato de las urnas. Si no se le concedió una nueva reelección, la contraparte que tiene que cumplir es que al haber ganado el NO se le está diciendo que no hay conformidad con su gestión actual, por lo que está forzado a introducir cambios en sus políticas administrativas, fundamentalmente.

Así como tuvo 10 años de bonanza, ahora tiene que acomodarse a las limitaciones que le impone la disminución del ingreso, aunque cabe anotar que su reducción ronda en sólo el 30%, o sea que sigue siendo muy estimable, respecto a los que disponían los gobiernos anteriores a 2006.

En efecto, en 2005 las exportaciones del país no llegaban ni a 3.000 millones de dólares por año, en tanto que en la actualidad asciende a más del doble, al estar girando, por lo menos para este año, siquiera en los 8.000 millones de dólares.

En esta materia, la cuestión de fondo es cuánto se destina a la promoción del desarrollo industrial del país, de manera de lograr una mayor diversidad productiva. No es posible que el país continúe reducido a exportar sólo gas natural, minerales y productos no tradicionales como la soya y otros que genera el suelo de Santa Cruz.

De otro lado, tienen que cesar los gastos improductivos, que se reflejan en el derroche y despilfarro de los recursos fiscales, con el agravante de que ahora han disminuido los ingresos por las exportaciones, se aplique el acoso tributario, que se manifiesta en la revisión de cuentas pasadas de las empresas, en la emisión de notas de cargo por cualquier motivo que se les ocurre a los funcionarios del sector, para lo que a éstos se les reconoce una parte de las recaudaciones forzadas e incluso ilegales que aplican a conveniencia suya.

Lamentablemente, está política estatal está también siendo puesta en ejecución en los niveles municipales. En La Paz se está dando por lo menos un incremento del 300 por ciento en los impuestos a inmuebles y departamentos, con el argumento de que estas exigencias están ahora a tono con los valores comerciales vigentes. Lo apropiado habría sido escalonar esta imposición en unos cinco o más años y no aplicarlos abruptamente.

Respecto a la política, es tiempo de acabar con los juicios de represión a sectores opositores y empresariales. Que el régimen mantenga vigente el proceso por supuesto terrorismo es persistir en la persecución a los que disienten con él. Esto implica reprimir las libertades ciudadanas que postula la democracia.

Con frecuencia algunos voceros del oficialismo hablan de que Bolivia es democrática, cuando la realidad es distinta, mientras haya juicios de represión política, que coartan las libertades de expresión y se niega garantías a las opciones opositoras. Peor aún, induce al forzado exilio, que atenta contra la unidad, tranquilidad y economía de los hogares.

En política internacional hay excesos verbales de algunas autoridades gubernamentales contra Chile por la demanda marítima, sin considerar que los puertos de este país son utilizados para todo el comercio internacional del país. Por tanto, lo que se está causando son represalias a los transportistas y al manejo de las cargas públicas y privadas.

Por último, es hora de poner freno al narcotráfico, al contrabando y a la corrupción, porque de no acabar con estos males inevitablemente se alienta a suponer que el Gobierno es permisivo, si acaso no encubridor de estos delitos, que causan el desprestigio de Bolivia y la subestimación externa a todo lo que es boliviano, desde su gente hasta sus posibilidades de impulsar el comercio de sus productos manufactureros y otros en el exterior.