Este es uno de los grandes problemas de la gestión del Gobierno, ya que si bien tuvo la intención de hacer bien las cosas en la reorganización del Poder Judicial, fue rebasado en sus objetivos, por la acción descarada de jueces corruptos así como de fiscales, que hacen gemir a los más pobres, que consideran que la justicia es para los más ricos o los que están en posiciones políticas.
También tuvieron este problema los gobiernos anteriores al actual, ya que jueces y fiscales debían estar al servicio del régimen gobernante, provocando la caída y el desprestigio de las autoridades judiciales. Es lamentable esta situación para el pueblo boliviano en todas sus clases sociales. Por ello la ciudadanía pide la reorganización del Poder Judicial, dándose varias soluciones que no corrigen el problema de fondo.
Por estas consideraciones solo queda la opción más positiva, con la participación de las universidades estatales mediante sus facultades de Derecho, que con autoridad y bajo Decreto Supremo, expedido por el Ejecutivo, convocarían a exámenes de competencia y concurso de méritos para la provisión de autoridades del Poder Judicial, como jueces y fiscales, actuando como veedores, miembros del Colegio de Abogados. Esto significa legalidad, sin intervención de algún partido político, por ello son censurables las expresiones públicas de un miembro del Colegio de Abogados de La Paz, cuando manifiesta que no se puede nombrar en el Poder Judicial a integrantes de la judicatura si no existe tuición del actual partido gobernante.
La ciudadanía clama para que de una vez por todas se ponga fin a la acción de los partidos en nombramientos de jueces y fiscales, ya que solo así se podrá implantar una verdadera justicia, sin corrupción y con integrantes que hagan honor a los cargos judiciales para los que fueron nombrados. Se ha considerado diferentes opciones de solución, para la elección de miembros de la judicatura, pero la única que da garantías para una verdadera justicia, es la actuación de la universidad, sin la intervención de partidos políticos. De no proceder así, se tendría la decadencia del Poder Judicial, siendo el pueblo el perjudicado una vez más.
Cuando se comete asaltos, violaciones y crímenes de toda índole, quiere decir que nuestra sociedad está hundiéndose, porque los mecanismos de la justicia no están siendo producto de una correcta aplicación de las leyes y que nuestra sociedad está fallando, lo que significa que las instituciones tienen que recibir los aportes de una sociedad que trata de sobrevivir, lo que sería administración de justicia con organismos altamente calificados, lo que redundaría en beneficio de toda la sociedad boliviana.
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