El Alto, víctima de enconos partidistas

Lo ocurrido el pasado miércoles 17 de febrero, en la ciudad de El Alto, donde murieron seis personas y 18 resultaron heridas por la acción del fuego que manos criminales, debidamente entrenadas y azuzadas, han cometido tan sólo por “recuperar documentación” que comprometía a un ex–alcalde y miembro del partido de gobierno.

La ciudad de El Alto, desde tiempos en que era parte jurisdiccional de la ciudad de La Paz y mucho más desde que fue declarada ciudad con los mismos derechos que las otras ciudades capitales de departamento, ha resultado ser víctima de acciones vandálicas de todo tipo y, en tiempos de convulsión política, como ha ocurrido cercano el referéndum del 21 de febrero, los enconos político-partidistas han menudeado, los enfrentamientos han sido continuos y, lógicamente, aprovechados por “elementos incrustados” que, se dice, pertenecen a cuadros del hampa delincuencial para asaltar, robar, maltratar y cometer muchos desmanes que atentan contra los derechos humanos y la propiedad privada.

Lo ocurrido el día miércoles 17 ha conmovido a todo el país, que se ha declarado en luto por las muertes habidas y se siente solidario con toda la población alteña; exige, por supuesto, que se investigue los hechos y se castigue a los autores intelectuales y materiales por todo lo destruido, por las muertes provocadas y por los perjuicios ocasionados a la alcaldía alteña.

El Alto, como otros sitios del país en que se comete excesos, ha probado la indiferencia, irresponsabilidad y aplicación de las políticas del “dejar hacer y dejar pasar” con la conducta demostrada por los cuadros policiales que, ante requerimientos para que intervengan y contengan la acción delictiva de los asaltantes e incendiarios, respondía: “no tenemos orden”; una respuesta que es similar a decir: “mientras no se nos ordene no importa que mueran personas y hayan heridos y destrucción del bien público”.

La inquina político-partidista llega al extremo de que una autoridad de gobierno, sin investigación ni información precisa alguna, se permitió calificar la desgracia habida con la frase “ha sido un autoatentado”, criterio muy grave, ajeno a todo sentimiento de solidaridad, contrario a todo principio de humanidad y, además, lanzada al azar a pocos minutos de ocurridos los hechos criminales que todo el país condena.

Como van los acontecimientos y con el temor de tener que sufrir nuevos atropellos, las autoridades edilicias alteñas y el pueblo mismo deberán cuidar su integridad física y todo lo que poseen. Por su parte, el Gobierno deberá realizar las investigaciones precisas, sancionar a policías y otras autoridades contrarias a los derechos humanos y ponerlas a disposición de los estrados judiciales que, por lo menos esta vez, puedan actuar en honor del principio humanitario de la justicia tan pregonada y tan poco practicada.