Suprimir subvenciones a los carburantes, ¿será posible?

Desde la última vez que se intentó subir precios de los carburantes, medida que, dictada, produjo reacciones, obligó al Gobierno a retroceder en su intención. Muchas veces se habló sobre la necesidad de suprimir subvenciones, últimamente, profesionales especializados en economía y cuestiones hidrocarburíferas han sugerido que el Gobierno “elimine las subvenciones”; pero la situación y condiciones del país no son las mismas de hace años y convendría actuar con mucha cautela.

En primer lugar, hay que tomar conciencia de la realidad que se vive con el petróleo y, consiguientemente, con todos sus derivados que son la energía del mundo: los precios están bajos y existe el temor de que lleguen a cifras mucho menores; por otro lado, hay sobreproducción por parte de algunos países; también se presenta el fenómeno de que varias naciones -al contar con el dinero necesario- están empeñadas en compras con destino a tener reservas y almacenar lo más que puedan; finalmente, la situación de compras y nuevas políticas de producción de los Estados Unidos no es la misma de hace años; por el contrario, puede ser un país autosuficiente y no necesitar de más compras, aunque su consumo es cada vez mayor.

El problema es serio y, si todavía hay países que mantienen altas subvenciones al petróleo que venden al mercado, sea con precios altos o bajos de la gasolina y otros, ¿qué pasará con los países que no cuentan ni con petróleo ni con gas ni con ningún otro energético? ¿Qué de los países que, en sus exportaciones, dependen íntegramente del petróleo que vendan? El llamado “oro negro”, mientras exista la actual crisis, especialmente en la que no es posible saber con alguna exactitud si subirán los precios o bajarán, seguirá en una especie de “cuerda floja” y en ella los países que, de todos modos, necesitan el energético.

¿Suprimir las subvenciones? Parecería, de momento, medida contraproducente, aunque, en rigor de verdad, sería conveniente para que vivamos, finalmente, realidades; pero ni las condiciones económicas ni las sociales permitirían dar el paso que sería causa de fuertes conmociones sociales porque la elevación de precios a la gasolina, el gas, el kerosene, el diésel y otros implicaría, de hecho, elevación de los precios de la “canasta familiar” y de todo lo que es de uso y consumo; con todo esto, la inflación subiría excesivamente y no habría freno posible.

Es conveniente actuar con mesura, prudencia y si se lo hace, tener en cuenta muchos factores para no desencadenar conflictos de grandes y graves proporciones para los que ni el Gobierno ni el pueblo están preparados. Lamentablemente, mientras dure la actual crisis, será difícil adoptar una medida que hace años debió ser realidad, pero los temores determinaron retrocesos que pueden costar muy caro al país.