“Llenan de procesos” a Aramayo pero aún no citan a Achacollo

Héctor Castellón, abogado del exdirector del Fondo Indígena, Marco Antonio Aramayo, denunció que la Fiscalía y Larisa Fuentes, responsable de la intervención y actual liquidación de esa institución, no están interesados en esclarecer el daño económico que se causó a la entidad estatal por lo que se está “llenando de procesos” a su cliente. Al momento, Aramayo fue citado por 72 denuncias y ya cuenta con medidas cautelares de seis procesos distintos.

En declaraciones a EL DIARIO, el abogado Castellón volvió a puntualizar que Aramayo está siendo investigado por la aprobación irregular de proyectos en el ex Fondo Indígena.

“Ahora lo que a nosotros nos llama la atención es que el convenio viene suscrito por orden y una resolución ministerial y no se convoca a la exministra (de Desarrollo y Tierras, Nemesia Achacollo). Es decir, si Marco Aramayo es culpable de haber cumplido una orden ministerial, porque no se convoca a la ministra para que al menos testifique por qué dio esa orden”, cuestionó.

El jurista no cree que se llame a Achacollo, porque existiría encubrimiento hacia esta autoridad, pues de otra forma no se explica las razones por la cual, a casi un año de abierto el caso, no se llama a declarar al Directorio ni el personal subalterno.

En respuesta a la huelga de hambre que Aramayo instaló hace dos semanas y duró siete días, El Ministerio Público y la interventora respondieron con tres medidas cautelares en siete días, contabilizó Castellón, que precisó que su cliente ya fue citado en 72 oportunidades en proceso abiertos en los nueve departamentos y ya cuenta con seis imputaciones.

OTRO PROCESO

Castellón informó, también, que ayer en el penal de San Pedro de La Paz, se llevó adelante una nueva audiencia de medidas cautelares en contra de Aramayo por un proceso abierto en su contra por supuesto incumplimiento de deberes, conducta antieconómica e incumpliendo de contrato.

El proyecto que se investiga es el referido al mejoramiento en la producción de caña de azúcar, en la comunidad Rio Negro del departamento del Beni, por el cual el exFondo Indígena desembolsó 636.000 bolivianos.

En la audiencia se determinó por sexta vez, la aplicación de medidas cautelares y, a criterio de jurista, el Ministerio Público y los representantes del Fondo Indígena incurren en una actitud redundante “y de deslealtad procesal”, porque en cada audiencia Aramayo, presuntamente no cuenta con domicilio, trabajo ni familia.

“Siguen usando el mismo discurso, eso ya se ha valorado el año pasado por el juzgado anticorrupción, y ha sido refrendado incluso por el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y nos resulta a nosotros ilegal, que pese a que se trata del mismo proceso, repita el mismo discurso, sabiendo donde vive el señor Aramayo. Eso denota una total falta de interés en la investigación”, afirmó.