Corrupción en esferas gubernamentales

El descrédito de las instituciones del Estado, a las que por principio siempre muchos bolivianos de convicción hemos defendido, se debe a la deshonestidad con que tradicionalmente las han manejado todos los gobiernos del pasado, incluyendo el actual que nadie controla. Actualmente se ha evidenciado en cúpulas de la Administración Pública la sobrefacturación, el engaño en las cotizaciones, la mala calidad de los materiales adquiridos, el fraude en las licitaciones, obras mal ejecutadas, invitaciones directas discrecionales, contratos lesivos al Estado, deficiente administración aduanera, narcotráfico, contrabando, dispendio económico en permanentes viajes en helicópteros y otros medios de transporte con frondosas comisiones políticas para entrega de “obras” y otros objetivos.

No se puede desconocer que los tentáculos de este mal han abrazado con fuerza al actual Gobierno en todos sus niveles y ante las denuncias públicas documentadas, simplemente señala que son mentiras, que es campaña sucia, que es propaganda de la derecha, del neoliberalismo, del imperialismo, pero son telenovelas. Sin embargo los gérmenes de la corrupción se expanden y estigmatizan a nuestra Bolivia. Por ello se hace imperioso poner atajo al submundo del delito cotidiano, cualquiera que sea el precio. Sin permitir el retorno de quienes también hicieron daño moral y político a la Patria, se impone un cambio de hombres y de nombres, que tengan virtudes de honestidad sobre todo.

Se debe rechazar la osadía de algunos representantes del oficialismo, que con cinismo manifiestan que se ha conformado comisiones parlamentarias para investigar los hechos dolosos que se han dado en Fondioc y en la CAMC, pero, ¿quién cree en esas comisiones si la mayoría de sus componentes son oficialistas?, ¿por qué no se conforma comisiones paritarias? De lo contrario será para encubrir aún más los hechos dolosos en la administración pública.

Quienes denuncian están corriendo riesgo de juicios, amenazas, intimidación y persecución política, como en el caso de CAMC, pues con tono amenazador se manifiesta que ya se tiene un proceso judicial contra quien denuncio el caso Zapata.

El Gobierno ha ingresado a una espiral incontenible de corrupción. Muchos jerarcas de las empresas estratégicas sin remordimiento viven en estado de pecado estructural. Sería acertado revisar los contratos y compras y cómo discrecionalmente se hace pequeños y grandes contratos, ya que algunas siguen siendo sociedades anónimas y no están sujetas a control fiscal, según el Código de Comercio.

La defensa del interés público y del patrimonio de un país pobre, que sufre los flagelos de la desocupación, de bajos sueldos en su mayoría, así como los rigores de la extrema pobreza, no admite encubridores ni cómplices con la corrupción y la inmoralidad.

Muchas veces ha causado y causa indignación conocer los desmesurados privilegios de algunos funcionarios que han pasado y están pasando por los órganos de Poder del Estado, por el dispendio económico del que están disfrutando.

No es aceptable el incumplimiento y negligencia judicial que se está dando. Se admite apelaciones, impugnaciones, nulidades y retardación de justicia debido al manoseo político y servilismo del Órgano Judicial, ni qué decir del Tribunal Constitucional Plurinacional. Sin embargo emiten autos supremos y sentencias constitucionales con la máxima celeridad cuando conviene a intereses políticos y económicos.

Se debe reestructurar la Contraloría General del Estado, investigar de verdad los hechos ilícitos y sancionar con todo el peso de la ley a los delincuentes. Cuando los delitos cometidos quedan sin sanción legal se atenta contra el sistema jurídico del país. No escapa al juicio de la ciudadanía el surgimiento de una nueva burguesía, resultado en algunos casos del narcotráfico y la economía informal y otros del tiempo que les cupo estar en cargos jerárquicos en las empresas del Estado, todos los que exponen su opulencia como un insulto a la pobreza de la gran mayoría del pueblo.