Bs 11.375.000 es el daño económico
• “Conforme a la Ley 260, ya corresponde al Ministerio Público la investigación de la denuncia de los posibles ilícitos”, aclaró el subcontralor de Servicios Legales, Edino Clavijo
Cochabamba, (EL DIARIO).- La Contraloría General del Estado (CGE) confirmó ayer que existe responsabilidad civil en la empresa Álvarez y el supervisor de la obra por un monto de 11.375.000 millones de bolivianos en la construcción del puente y paso a desnivel Independencia.
En conferencia de prensa, el subcontralor de Servicios Legales de la CGE, Edino Clavijo, reveló que concluida la auditoría técnica a la obra, se evidenció que tanto la empresa constructora como el entonces supervisor de la obra, Nelson Vega, generaron un daño económico al Estado por la mala ejecución del proyecto.
“Se ha establecido indicios de responsabilidad civil por el monto de 11.375.000 millones de bolivianos contra la empresa Álvarez limitada construcciones Civiles”, afirmó.
Según declaraciones de la autoridad, en el caso del supervisor, este tenía la responsabilidad de realizar un seguimiento y monitoreo permanente a la ejecución del proyecto, siendo que omitió sus responsabilidades, también debe asumir el proceso que inició la CGE.
“El supervisor Nelson Vega tenía una obligación contractual el correcto cumplimiento de las especificaciones técnicas haciendo notar cualquier observación o deficiencia que podría adolecer la ejecución de esta obra”, señaló.
Asimismo, indicó que tanto la empresa constructora como el citado supervisor tienen término de hasta 20 días para presentar sus descargos y explicaciones correspondientes, de lo contrario, deberán erogar el monto establecido por el concepto de daño económico al Estado.
En relación a las otras exautoridades que estarían involucradas en las investigaciones, indicó que la Contraloría solamente se limitó a la ejecución del contrato toda vez que la Alcaldía de Cercado inició en meses pasados una demanda ante el Ministerio Público sobre el proceso de contratación y adjudicación de la obra.
“Conforme a la Ley 260, ya corresponde al Ministerio Público la investigación de la denuncia de los posibles ilícitos”, aclaró.
Al respecto, el asesor legal de la Alcaldía, Sergio Coca, indicó que el proceso contra el exalcalde Edwin Castellanos y varios de sus colaboradores continúa en la vía legal que determinará el grado de participación y responsabilidad que tuvieron en la adjudicación del proyecto a la constructora Álvarez.
“La demanda que hemos presentado como Alcaldía continúa su curso en la vía penal”, aseveró.
Por otra parte, dijo que también se esperan los resultados del peritaje e informe final de la auditoría que encargó el municipio para remitir el mismo al Concejo Municipal, instancia que debe aprobar o rechazar la demolición total o parcial del puente Independencia que permanece cerrado desde hace más de cuatro meses.
En este contexto, el representante de la Sociedad de Ingenieros Eméritos de Cochabamba, Gonzalo Maldonado, reiteró que el puente colapsó porque la empresa constructora utilizó cables de tensión obsoletos que ocasionaron el colapso del puente por el contrapeso de los vehículos que circulaban por la vía.
“Se han utilizado cables de fabricación china que seguramente no pasaron por los controles de calidad, en otros países hace diez años que no se usa este tipo de material”, argumentó.
DATOS
- La noche del jueves 22 de octubre, estuvo a punto de colapsar el paso a desnivel de la avenida 6 de Agosto e Independencia por el paso de una flota que puso en evidencia el mal estado de la obra.
- El proyectó se construyó durante la gestión del exalcalde Edwin Castellanos con una inversión superior a los 13 millones de bolivianos.
- La Alcaldía de Cercado se convirtió en parte querellante e inició una demanda contra cuatro exautoridades y el gerente de la empresa Álvarez por los presuntos delitos de: uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, resoluciones contrarias a la constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducto antieconómica.
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