Comunarios denuncian amenazas de interventor

El mallku del ayllu original de Hampaturi, Lucio Chuquimia Yujra, denunció que su sector recibió amenazas de parte del interventor de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas), Hugo Gómez, por demandar el cumplimiento de beneficios sociales en favor de uno de sus trabajadores.

“El que nos está tratando mal y no nos atiende es Hugo Gómez Quispe, el actual Interventor, quien en la reunión de ayer (lunes en la tarde) nos ha tratado de intimidar. En la reunión, en el momento en que nosotros le estábamos pidiendo agenda con la familia doliente, nos ha amenazado indicando que hablará con el Ministerio de Gobierno pidiendo que el servicio de inteligencia de esta entidad esté tras de cada uno de los dirigentes de Hampaturi. Así es como se ha manifestado en un ampliado de mis 10 comunidades y es por eso que a la salida de la reunión nos hemos declarado en estado de emergencia”, indicó Chuquimia.

Asimismo, el representante aseguró que, a pesar de las denuncias a entidades como la AAPS y el Ministerio de Medio Ambiente no se atienden sus demandas, por lo que los comunarios no descartan iniciar medidas de protesta.

TRABAJO

De acuerdo con el Mallku, a los hijos de la comunidad Hampaturi les hacen trabajar solamente de obreros y no les dan ni siquiera un manual de trabajo. “Cuántos más tendrán que morir para que este interventor no tome la precaución correspondiente. Si bien nosotros proveemos de nuestra cuenta agua a la ciudad de La Paz y ahora se está construyendo una represa en Hampaturi a un costo de 160 millones de bolivianos, es que se tienen un convenio para que nosotros podamos tener agua potable, gracias al Gobierno, pero en Epsas no hay la voluntad por parte del actual interventor”, indicó.

INFORME

Cabe recordar que los comunarios denunciaron el lunes pasado que la empresa no cumple con los acuerdos anunciados para la atención de la familia de uno de los trabajadores de la entidad que falleció mientras hacía reparaciones en una zanja.

Además, en el certificado de defunción Nº 21730 del 19 de enero, presentado por los denunciantes se señala como causa de la muerte anoxia y asfixia mecánica por comprensión Tóraco Abdominal. El joven falleció aplastado en la parte del tórax y abdomen por la caída de la zanja realizada en la avenida Jaime Freyre de la zona Tembladerani. Asimismo, Chuquimia negó que el trabajador estuviera en estado de ebriedad, lo que tampoco fue observado en el certificado de defunción.

TRABAJADORES

Por su parte, José Vacaflor, representante de Agua y Luz Eléctrica de los trabajadores, confirmó que desde el pasado 18 de enero, a pesar de la muerte de un obrero, el interventor no dio ninguna solución al tema de seguridad Industrial de los trabajadores, razón por la que temen que más trabajadores puedan correr la misma suerte.

“Negligencia e incumplimiento de deberes es lo que se observa en la muerte del trabajador Tito Choquehuanca, porque el actual interventor, quien firma los contratos, directamente los hace trabajar por tres días o más sin ningún contrato vulnerando la Ley de Trabajo y en estas circunstancia es que lo envían a trabajar al obrero y en esas circunstancias muere luego de caerle el desplome de tierra, porque además no se coordinó con Seguridad Industrial para realizar la zanja”, explicó.

Entretanto, se dio a conocer, a través de un documento, que en fecha 20 de enero del presente año, el actual interventor de Epsas, Hugo Gómez, solicitó a la Fiscalía una investigación preliminar “contra los autores-homicidio culposo”, tomando como posibles culpables a otros trabajadores.

En un segundo memorial de fecha 24 de enero del presente año, el interventor la solicitud de investigación por supuesto delito de homicidio culposo. “Denuncia en contra de los autores, por posible comisión del delito de homicidio culposo, solicitando disponer prosecución de la misma hasta su esclarecimiento (…)”, indica el documento.

Este documento genera susceptibilidad entre los trabajadores quienes, de acuerdo con José Vacaflor, solicitarán un pronunciamiento de sus entes de representación con la finalidad de aclarar la situación en la que falleció el trabajador.

EPSAS

Por su parte, la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento aseguró en un comunicado oficial que se cumplió con los derechos sociales y laborales en beneficio de la familia Choquehuanca, como el pago de gastos funerarios, la autorización del pago de beneficios sociales, la suscripción de un contrato de trabajo con la viuda y otras obligaciones emergentes establecidas en la seguridad social y el bienestar de la familia que dejó el trabajador.

Con respecto al pago de beneficios sociales, la empresa informó que “se debe cumplir con la presentación de la declaratoria de herederos a través de la cual la familia se convierte en beneficiario, trámite que se realizó con el apoyo del Departamento Legal de Epsas quienes a través de memorial presentado en el 5 de febrero de 2016 ante la autoridad jurisdiccional civil competente solicitaron la declaratoria de herederos a favor de la familia del fallecido, radicándose la causa en el juzgado Cuarto de Instrucción en lo Civil. A la fecha la autoridad judicial emitió la respectiva resolución de declaratoria de herederos correspondiendo la emisión de testimonios a favor de la viuda e hijos”.

Asimismo, en el documento oficial se informa que se pagó un total de Bs 57.288 como indemnización además de brindarle un puesto de trabajo a la viuda.

“Epsas consciente y comprometidos con la seguridad de la familia del fallecido señor Tito Choquehuanca, padre de dos hijos, suscribió contrato de trabajo indefinido con todos los derechos laborales con la viuda Diana Liz Avalos Cartagena”, señala el documento.