Agencia de Inteligencia está al margen de la Constitución

La creación de una agencia estatal de inteligencia paralela a las de las Fuerzas Armadas y Policía boliviana por parte del Ejecutivo vulneraría la Constitución Política del Estado (CPE), advirtió ayer el constitucionalista Williams Bascopé, en referencia a los planes del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.   

El jurista explicó que la Carta Magna aprueba a las Fuerzas Armadas y Policía tener servicios de inteligencia; la primera, con facultades y atribuciones para la preservación de la seguridad del Estado desde el enfoque integral y de unidad territorial y de resguardo de fronteras, mientras que la segunda destinada a la persecución del crimen organizado, al delito, narcotráfico, trata y tráfico de personas y al resguardo de la seguridad ciudadana.

“Pero decir que va a hacer una agencia estatal de inteligencia podría incurrir en la violación de las garantías constitucionales, porque se está pensando desde el Ejecutivo, que no es todo el Estado, el Estado es un componente de instituciones (…) mal podría hacer el ministro Quintana en tratar de perseguir a personas o violar su vida íntima”, señaló a ANF.  

El titular de la Presidencia dijo que los servicios de inteligencia “están en pañales” en el país y que es necesario construir una agencia de inteligencia para prevenir escenarios como el presentado tras la denuncia de tráfico de influencias que dio a conocer Carlos Valverde en contra del presidente Evo Morales y su expareja, Gabriela Zapata. Además calificó al denunciante de “narcotraficante disfrazado de periodista”.

El tema de seguridad de Estado –dijo Bascopé– no tiene nada que ver con los escándalos del Presidente, y por tanto, el Gobierno no debiera impulsar instancias paralelas de inteligencia que no son reconocidas por la Constitución.

En criterio del constitucionalista, el ministro Quintana equivoca el camino en su afán de proteger al Presidente, a los ministros y sus familiares “porque ellos, los ministros, no son el Estado en sí mismos ni sus familiares. El Estado es una institución que tiene un límite que es la Constitución, ellos encarnan parte del Estado pero tienen límites y tienen facultades”.

RASGOS DE DESESPERACIÓN

“Con el pretexto de contrarrestar escándalos como el caso Zapata no pueden justificar investigaciones irregulares, perseguir o entrometerse en conversaciones privadas porque esos son rasgos de desesperación de un Ministro que está tratando de salir al paso de este apuro del escándalo que ha comprometido al Presidente con estas denuncias de tráfico de influencias”, señaló.

El tema de seguridad de Estado según el jurista, corresponde a otro análisis y no tiene nada que ver con los escándalos del Presidente.

Zapata, quien ahora se encuentra recluida en el Centro de Orientación Femenina, ocupó hasta hace poco un alto cargo en la empresa china CAMC que a su vez logró hacerse de siete contratos con el Estado, seis por la vía de invitación directa y/o excepción que superan los 500 millones de dólares. Por incumplimiento en uno de los contratos se dejó sin efecto el mismo y se cobró una boleta de garantías.  

Sin embargo, las investigaciones preliminares establecieron también que Zapata, quien tuvo un hijo con el Primer Mandatario -de quien se especula está vivo-, utilizó oficinas de la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia para hacer “contratos privados” en los cuales habría participado su amiga y exjefa de esa repartición, Cristina Choque.

“AGENTES ENCUBIERTOS”

Ante la presencia de “agentes encubiertos” en las coberturas periodísticas con el afán de sacar fotografías y filmar a los periodistas que hacen seguimiento del caso Zapata, el constitucionalista Bascopé, como lo mostró Unitel, recordó al Gobierno que tiene la obligación de garantizar la libertad de expresión comunicación e información a los trabajadores de los medios de comunicación.

“El ministro está obligado a garantizar la libertad de información; el que haya gente ajena sacando fotografías, filmando y haciendo cierto seguimiento, de alguna manera está vulnerando esa libertad, seguridad y garantía. El ministro está faltando a la Constitución porque con esta persecución después del escándalo verá fantasmas por todo lado, esa será la consecuencia de abstraerse de la realidad y sentirse omnipotente sobre la Constitución”, señaló.

ARTÍCULO 106 DE LA CPE

El Artículo 106 de la CPE garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información; garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa.  

El inciso III de dicho artículo señala que “el Estado garantiza a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa, la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información.

Bascopé dijo que si existen evidencias de la presencia de “agentes encubiertos” las organizaciones de la prensa debieran formalizar la denuncia para que sean investigados.