Que se haya hecho costumbre aumentar sueldos a principios de cada gestión, tan sólo tomando en cuenta la inflación habida en gestión anterior, da lugar a serias preocupaciones del sector privado. Y es que conforme el Gobierno disponga aumento de sueldos al sector público de su dependencia, sobre esa base el empresariado privado debe acordar aumentos de sueldos y salarios. Se ha indicado que “luego del referéndum” el Gobierno sostendrá reuniones con los empresarios “para evaluar el aumento salarial de 2016 y el doble aguinaldo”.
Como es lógico, el empresariado tratará de considerar, conjuntamente el Gobierno, diversos temas que es necesario examinar para una marcha racional de todo el aparato productivo del país, tomando en cuenta el caso de los aumentos salariales que, conforme a muchas disposiciones legales, debe ser acordado en el sector privado “en base a las posibilidades económico-financieras de las empresas”, aunque tomando como parámetro el porcentaje que fije el gobierno para el sector público. Casi nunca se ha cumplido con esto porque han surgido situaciones en que, prácticamente, se ha impuesto incrementos no siempre ajustados a la realidad del sector privado.
Si se tiene en cuenta las variantes habidas desde el año 2005, los incrementos han sido altos, como es el caso del salario mínimo nacional, cuyo promedio para los años 1997-2005 ha sido de 375 bolivianos y para 2006 a 2014 ha sido de 820 bolivianos y, por otro lado, el crecimiento de los aumentos salariales entre 2005 y 2014 ha sido constante. Si bien es preciso entender que los precios de la “canasta familiar” han tenido alzas, es urgente comprender que también es necesario preservar la seguridad y continuidad de todo lo que significa crear riqueza y mantener empleos.
La crisis en que vive todo el mundo pobre y subdesarrollado, pese a los alardes de bonanza y crecimiento que se hace por parte de las autoridades, no se la ataca seriamente y, en vez de planificar aumentos excesivos para compensar las consecuencias críticas y los efectos de la inflación, es preciso actuar con cautela y no pensando que todas las actividades productivas tienen las mismas posibilidades. Conviene no descartar el hecho de que muchas empresas pequeñas están en formación y hasta las llamadas grandes o de antigua data confrontan dificultades porque no siempre pueden modernizar sus instalaciones ni aumentar su producción, tanto por carencia de medios financieros y tecnología como de mercado.
Es preciso que tanto a nivel del Gobierno como de las empresas estatales se obre con austeridad en los gastos y no se dilapide el dinero confiados en que las bonanzas de hace años por los precios del gas vayan a recuperarse, cuando se sabe muy bien que ello es casi imposible en lo inmediato.
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