Fiscalización en Venezuela
Caracas.- La Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), de mayoría opositora, aprobó ayer un acuerdo en rechazo a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de ese país, que prevé “límites democráticos” a su tarea fiscalizadora.
“Es una sentencia inválida, inexistente, no vinculante”, dijo el presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, durante su intervención en el pleno de la Cámara.
HAMBRE Y MISERIA
El titular del Poder Legislativo reiteró que la sentencia del Supremo “no existe”, ya que, aseguró, “viola su propio reglamento”.
“El Tribunal cree que va resolver los problemas con sentencias de carácter político, neutralizando a un poder que no controla. Lo que tiene que neutralizar es el hambre, es la miseria, es la inseguridad”, expresó.
El diputado opositor Omar Barboza indicó, asimismo, que el Supremo “le quiere negar al pueblo venezolano el derecho de tener un Poder Legislativo independiente y desconocer la voluntad popular”.
“La Sala (Constitucional del TSJ) no se limitó a interpretar, sino que fue más allá, legisló y enmendó la Constitución para restar poderes a la Asamblea Nacional”, afirmó.
Barboza pidió a la Organización de Estados Americanos (OEA) que aplique la carta democrática en Venezuela, ante la “violación del mandato popular”.
CONTRA EL SOBERANO
Por su parte, el también parlamentario de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) Américo De Grazia calificó al TSJ como “un tribunal de inquisición, por parte de la bancada madurista”.
“¿Qué pretende el régimen con esto que hicieron en el ‘tribunal de la inquisición’?, no es la inquisición a la MUD, ni es la inquisición a la AN, es la inquisición al soberano, a la voluntad del pueblo venezolano que se expresó a través de los votos”, aseguró De Grazia.
La bancada chavista, a la que le fue negada una propuesta de alteración del orden del día, se abstuvo de participar en el debate. (EFE)
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