Epsas no canceló beneficios sociales por muerte de trabajador

• Autoridades de la empresa confirmaron el retraso debido a la falta de documentos que deben ser presentados por la familia de la víctima


El trabajador falleció en una zanja en enero pasado. Se investiga la falta de seguridad en la obra.
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Autoridades de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas) confirmaron ayer que la entidad no canceló los beneficios sociales a la familia del trabajador Tito Choquehuanca, quien falleció el pasado 18 de enero mientras realizaba trabajos de reparación al interior de una zanja.

La información fue dada a conocer por el jefe del Departamento Legal de Epsas, Marcelo Torrico, junto a la encargada de la Jefatura Interina Administrativa Personal, Shirley Vargas, y el interventor Hugo Gómez, en entrevista con EL DIARIO.

RETRASO

De acuerdo con las declaraciones de Torrico, el retraso en el pago de beneficios sociales se debe a la falta de presentación de documentación por parte de la viuda, así como la declaratoria de herederos y el informe médico forense, documentos que recién se estarían presentando.

Asimismo, mediante documentación, la autoridad demostró que, en la fecha del accidente, el empleado no contaba con contrato de trabajo actualizado, por lo que dicha unidad legal aplica el artículo 21 de la Ley General de Trabajo de “reconducción laboral” con la finalidad de que la viuda no pierda los beneficios sociales que la norma estipula.

Otra de las observaciones se refiere a la coordinación o no con la dependencia de Seguridad Industrial que debía realizar labores para evitar que la excavación de la zanja de la avenida Jaimes Freyre, donde falleció el trabajador, afectara a algún operario. A pesar de ello, este aspecto no fue aclarado por ninguna de las autoridades mencionadas, aduciendo que el caso se encuentra siendo investigado por dos instancias, la primera de orden administrativo interno, realizada por una comisión de funcionarios donde no interviene el sindicato. Mientras que la segunda investigación es realizada por el Ministerio Público atendiendo la denuncia presentada por el interventor Hugo Gómez ante la fiscal Susana Boyan por una acusación de homicidio culposo.

“No queremos entorpecer las investigaciones, en ambas instancias se están investigando y preferimos que concluya la investigación tanto la comisión interna así como la que se realiza por parte del Ministerio Público”, señaló Torrico. Por su parte, el interventor Gómez eligió ser escueto, indicando que responderá al procedimiento legal.

INFORME

EL DIARIO accedió al informe “Segind/02/16 del 1 de febrero del presente año enviado por el oficial de División de Seguridad Industrial a la jefa del departamento Administrativo Personal, Sofía Marín, referido a las “investigaciones de accidente de Tito Choquehuanca, donde establece que participó la doctora Molina de Seguridad Industrial y establecen en sus observaciones: 1 falta de entibación de zanjas, falta de procedimiento para trabajo de zanjas, falta de coordinación con Seguridad Industrial y a usencia de supervisión. Por lo que recomiendan elaboración de procedimientos, cursos de capacitación y coordinación de trabajos de magnitud”.

COMUNARIOS

Por otra parte, el Consejo de Mallkus originarios del ayllu Hampaturi, comunidad a la que pertenece la familia de la víctima, informó que se presentó una denuncia contra el interventor de Epsas, Hugo Gómez, ante el Ministerio Público por el supuesto delito de homicidio culposo, misma que deberá ser ampliada a los posibles autores, informó el mallku Lucio Chuquimia.

La denuncia ingresó el pasado martes, con la finalidad de que se esclarezcan los acontecimientos por los cuales fallece el trabajador Tito Choquehuanca. Para ello, los denunciantes presentan documentación de copia de reunión del 19 de enero, informes de Epsas, notas solicitadas, entre otros documentos.

“Por la gravedad de los hechos, solicito a usted ordenar mediante requerimiento fiscal la detención preventiva de Hugo Gómez por riesgo de fuga, obstaculización del proceso, toda vez que la máxima autoridad de Epsas puede encubrir y obstaculizar la investigación”, señala el documento legal presentado por los comunarios de Hampaturi.

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