Una vez más se ha comprobado que la libertad de expresión es básica para el ser humano; el referéndum del pasado 21 de febrero ha mostrado cómo las redes sociales han contribuido a una comunicación fluida entre las autoridades electorales, entre los diversos grupos de control, entre personas y sus familiares y, sobre todo, ha despertado valores en la juventud para convertirse en controles del proceso de referéndum y respeto a la democracia.
Todo medio de información que refleje libertad de expresión, siempre ha violentado y hasta producido reacciones graves y enérgicas en quienes no aceptan control o vigilancia alguna; por ello, la libertad de expresión fue atacada, disminuida, menoscabada, censurada y condenada especialmente por quienes poseen poderes políticos, económicos, sociales o de cualquier condición.
Lo ocurrido el 21 de febrero con la información de lo que ocurría en cada mesa electoral, en el recuento de votos y en la preparación de las actas, debido al control que ejercieron los votantes, especialmente jóvenes, ha provocado serias reacciones y no ha faltado declaración de algún funcionario -inclusive un ex–ministro- en sentido de que “habría que implantar controles al uso de las redes sociales para evitar abusos, desinformación, tergiversación de la verdad y otros en que incurrieron muchos portadores de celulares”.
La libertad de expresión, que es derivación de la libertad y el derecho de pensamiento, nunca ha sido del agrado de quienes deben rendir cuentas de sus actos en el cumplimiento de deberes y responsabilidades que el país les encomendó; ellos, por soberbia, petulancia y prepotencia, consideran que su trabajo es sagrado, inviolable e incontrolable; para este tipo de funcionarios, no existen derechos de la colectividad y menos de los medios de comunicación como son prensa, televisión, radio o información de cualquier naturaleza. Las redes sociales, significan libertad de expresión ¿cómo se controlarían, regularían siendo centenares de miles las que las utilizan?
Lo que corresponde, en todo caso, es que quienes utilizan las redes sociales, lo hagan con honestidad y responsabilidad, que tengan respeto por los derechos ajenos, que eviten la propalación de pornografía, propaganda y publicidad al hedonismo, a las drogas, a la división, a la confrontación y a todo acto que signifique atentado a los derechos de las personas y del pueblo en general; que esos medios respeten y consideren al gobierno legalmente constituido y que éste a su vez, respete a la población y no acuse ni denigre sin las pruebas correspondientes. Todo esto debe realizarse bajo principios de apego a la verdad y a la responsabilidad. Los casos comprobados debidamente que atenten contra el bien común deben ser investigados y penados conforme a las leyes; en otras palabras no puede haber inmunidad ni impunidad para quienes hacen uso indebido de las redes sociales ni de los medios de comunicación y si lo hacen, debe ser en base a pruebas.
Regular, controlar, reglamentar, o poner trabas a cualquier sistema de las redes sociales es imponer reglas de conducta a todos los medios de comunicación que también hacen uso de las redes sociales no sólo para facilitar su labor sino para informar al segundo, sobre cualquier acontecimiento que se produzca reflejando la realidad. El control a las redes sociales con inclusión de prensa, radio y televisión, se produce sólo en regímenes totalitarios como de la China Popular, Corea del Norte, Cuba, Turquía, Irán, Egipto, Siria, Birmania, Etiopía, Eritrea, Venezuela y otros en que la libertad de pensamiento, expresión y prensa en general están prohibidos a riesgo de sufrir penas de cárcel y, en casos, como en los regímenes nazi, castrista y comunista, sufrir atentados a la vida de periodistas y sus familiares. Estos extremos serían incompatibles con la democracia que hay en Bolivia. Por todo ello, cualquier tentación al respecto por parte de algunas autoridades se debería descartar.
El gobierno, a diez años de tener las riendas del país, no debe repetir todo lo que significó atentados a la libertad de expresión porque son hechos que lo han perjudicado seriamente y han mostrado al país como proclive a conculcar todas las libertades. Últimamente, se tiene que lamentar las amenazas con instaurar juicios a dos periodistas que lo único que hicieron es cumplir con su deber con responsabilidad y apego a la verdad. Las organizaciones de periodistas han mostrado indignación ante comentarios contrarios a esos periodistas, y han hecho suyas las ofensas inferidas lamentando que, para algunas autoridades, la libertad de pensamiento y de expresión no es vital y absolutamente necesaria para vivir en democracia, para unir a la familia boliviana y para que el país se desarrolle armónicamente, pero en base a la honestidad y responsabilidad.
Quienes creen que regular, controlar o censurar a la libertad de expresión debe ser requisito para gobernar el país, están equivocados totalmente y pueden estar seguros que el pueblo, masivamente, comprende el importante papel que cumplen los medios de comunicación, las redes sociales y los periodistas siempre atenidos a la verdad y a la responsabilidad.
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