Análisis de proyectos

Durante el periodo neoliberal, para administrar la inversión pública se creó el Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP, cuyo propósito es someter los proyectos de inversión pública a un proceso de evaluación que justifique la incorporación del proyecto en el presupuesto de inversión pública, según especifica una de sus normas que dice “debe contar con los estudios y evaluaciones que recomienden la asignación de recursos al proyecto, de acuerdo con los criterios de rentabilidad socioeconómica establecidos por el Órgano Rector”.

Si el proyecto es aprobado se elabora el diseño final, que determina el precio referencial, con el cual se realiza la licitación de la construcción del proyecto, siguiendo las normas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios – SABS. Las licitaciones deben estar abiertas a las empresas nacionales si el financiamiento proviene del TGN y también a las empresas internacionales, si el financiamiento proviene de instituciones internacionales, a las empresas de los países miembros de estas instituciones. Se adjudica a “la oferta que cumple con los aspectos técnicos, administrativos y legales, que una vez evaluados, presenta el menor costo”. Todo este proceso se realiza de manera pública y cualquier persona puede tener conocimiento de los detalles y resultados del mismo.

En el periodo del Estado Plurinacional, los presupuestos anuales de inversión pública dispusieron de recursos cuantiosos que nunca antes había dispuesto el país. Los presupuestos programados crecieron de 629 millones de $US en 2005 a 6.179 millones de $US en 2015. El periodo de mayor crecimiento se produjo entre 2011 y 2015. Los presupuestos incluyen a los sectores de: transportes, energía, hidrocarburos, agropecuario, educación, salud y otros sectores. Según el Gobierno el financiamiento proviene en 88 % de recursos internos y 12 % de recursos externos. El Banco Central concede créditos blandos a las empresas públicas y estratégicas y al TGN para la realización de proyectos. Varios proyectos se financian con recursos que proveen los bonos soberanos. Las principales fuentes de financiamiento externo son los bancos de fomento de Brasil y China. Con China se contraerá un crédito de 7.000 millones de $US, indicando una tendencia a financiar la inversión pública con recursos externos.

Para la gestión y ejecución de proyectos de inversión pública el Gobierno creó su propio sistema. Las decisiones sobre qué proyectos deben ejecutarse las toma el Presidente y la construcción se lleva a cabo bajo la modalidad de contrato de “llave en mano” mediante el cual el contratista realiza el diseño, ejecución de la obra y puesta en marcha del proyecto. Se ha obviado a las normas de los sistemas de inversión pública y de administración de bienes y servicios. Los proyectos que se realizan son los que le parece al Presidente y no los que le conviene al país, que debían salir de un proceso de selección según criterios económicos, financieros y de ingeniería. El contratista puede hacer y cobrar lo que quiere. Se ha eliminado las auditorías y por tanto la transparencia en la ejecución de los proyectos de inversión pública.

No se puede aplicar la fundamental Ley SAFCO, según la que “todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena responsabilidad por sus actos, midiendo cuenta documentada y transparente, no solo de los recursos que le fueron confiados, sino también de la forma y resultado de su aplicación”. A continuación se hace un análisis de los proyectos más significativos que resultan de este proceso y de la contribución que hacen al desarrollo nacional.

Un destino que han tenido los recursos de inversión pública ha sido el de las canchas de fútbol, los coliseos y estadios que el Presidente ha hecho construir a lo largo del territorio nacional. En Ivirgarzama se ha construido un estadio para 25.000 personas y en Chimoré otro para 15.000 personas. Estos proyectos no producen ingresos para el fisco.

Otro destino ha sido el de los aeropuertos que no se usa o que tienen muy poco uso, como Uyuni, Oruro y Chimoré. El aeropuerto de Oruro tiene solo un vuelo semanal de ida y vuelta a Santa Cruz, con un promedio de 20 pasajeros para un avión que tiene capacidad para 100 pasajeros. En Sucre se ha construido un segundo aeropuerto sin que haya una razón valedera para desechar el aeropuerto que ha estado operando desde hace tantos años sin mayores inconvenientes. Estos aeropuertos y otros que están en proceso de construcción están ubicados en la región del país donde se dispone de carreteras. Estas inversiones serían más útiles si se las hubiera destinado para los aeropuertos del norte, que tiene déficit de carreteras.