El Ministerio Público no está investigando a la empresa China CAMC y tampoco tiene previsto llamar a declarar a los superiores de Cristina Choque, directora de la Unidad de Gestión Social (UGS) del Ministerio de la Presidencia, cuyo titular es Ramón Quintana.
“No se está investigando a la CAMC y menos a los contratos que tiene, ese aspecto está siendo investigado por una comisión de la Asamblea Legislativa”, afirmó el fiscal Edwin Blanco, responsable del caso en el que se investiga el origen de la fortuna de Gabriela Zapata (28), exnovia del presidente Evo Morales (56) con la cual tuvo un hijo en 2007.
“Nosotros, por el momento, tenemos los indicios bien marcados en tres personas”, Zapata, ex pareja del primer mandatario; Choque, del Ministerio de la Presidencia, y Jimmy Morales, chofer asalariado que trabajaba como almacenero la UGS.
RESPUESTA AMBIGUAS
“El uso ilegal de esas oficinas se hacía para obtener ventaja económica a través de negocios ilegales, habiéndose hecho pasar (Gabriela Zapata) como funcionaria estatal y tener relación con empresas y conseguir contratos para estas empresas, adjudicando los siguientes proyectos a la empresa china CAMC: Planta industrial de Azúcar de San Buenaventura, planta de sales de Potasio de Uyuni, Proyecto Múltiple Misicuni, la vía férrea Bulo Bulo-Montero, equipos de perforación para Yacimientos”, expresa parte de la imputación presentada por Blanco contra de Zapata.
El fiscal Blanco cita , en este texto, que el monto que suman estos contratos es de más de 500 millones de dólares, según la Red Erbol.
“Por los indicios que cursan en el cuaderno de investigación, esto (los contratos por 500 millones de dólares) fue posible gracias a la colaboración que obtuvo (Zapata) de la jefa de Unidad de Apoyo a la Gestión Social (Cristina Choque), quien proporcionó las oficinas de esta unidad para que sean utilizadas por la imputada con fines ilícitos, a saber obtener respaldo y credibilidad para lograr la adjudicación de varios proyectos”, se lee en el documento.
Ante las preguntas, sobre lo que figura en la imputación supuestamente elaborada por el Ministerio Público, que señala que Zapata influenció en la firma de los contratos de CAMC con el Gobierno, de los cuales sacó provecho económico y es el origen de su fortuna, el fiscal evadió dar una respuesta clara y solo arguyó que las sindicaciones tienen un “carácter provisional”.
VISITA DE EMPRESARIOS
En audiencia de medidas cautelares de Cristina Choque, se presentó el registro del flujo de ingresos y salidas de Zapata a oficinas de UGS desde el 2011, habiendo llegado a más de 140 visitas; también se tiene el registro de las personas y supuestos empresarios que acudieron a estas oficinas para concretar reuniones con la exnovia del Presidente, que se hacía pasar por representante del Estado.
En este sentido, al ser consultado sobre la afirmación hecha en la imputación, Blanco repitió que se está investigando a las tres personas en relación al uso abusivo de oficinas estatales y el origen de la fortuna de Zapata, evitando así referirse a la pregunta de fondo que era sobre si el Ministerio Público investigará o no a los empresarios que visitaron a Zapata en la UGS, la relación entre ellos y cuáles serían las irregularidades en las que incurrieron funcionarios de gobierno responsables de la firma de estos contratos.
“Ya hay una instancia que está investigando los contratos de la CAMC, es una instancia estatal (Comisión Investigadora de la Asamblea Legislativa) y si esta instancia determina que existe alguna irregularidad en estos contratos, estoy especulando, hará un informe en el que diga: se ha determinado la existencia de indicios de responsabilidad penal, y lo derivara al Ministerio Público como corresponde”, argumentó Blanco.
Pese a esta afirmación, el fiscal negó que el poder político este relegando el trabajo que por ley debe desempeñar el Ministerio Publico, que señala que, en casos de daño al Estado, la Fiscalía debe iniciar proceso de oficio.
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