Apariencias de investigación

La dinámica política del país siempre diversa e intrigante, contempla al presente un episodio poco frecuente, pero sugestivo, vinculado a un presunto tráfico de influencias por altas esferas del Gobierno a propósito de una relación de pareja del primer mandatario, según denuncia de un periodista cruceño. La dama protagonista en cuestión detentaba una alta función ejecutiva en la empresa china que tenía a su cargo una vía férrea entre Cochabamba y Santa Cruz, dando lugar a un presunto tráfico de influencias.

El revuelo cobrado por dichas circunstancias originó una Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa (oficialismo-oposición), en la que destaca una marcada mayoría del partido de Gobierno. La preside la diputada Susana Rivero (MAS), quien adelantó que solamente se investigará la legalidad de los contratos del Estado con la empresa china CAMC, habiendo agregado que “si la empresa se ganó legalmente sus contratos no tenemos más que investigar”.

Es de dominio público que el Gobierno dictó una serie de decretos supremos para la contratación directa de empresas ejecutoras de obras y servicios, dejando de lado las licitaciones públicas para la obtención de contrataciones, siendo la licitación el procedimiento más idóneo e imparcial en beneficio de los intereses del país. Si dicha legislación respalda las concesiones de estas obras y servicios se deduce su legalidad formal, empero bajo los criterios de Rivero queda descartado el resto de implicancias poco transparentes que pudieran rodear a los contratos en cuestión, cosa demasiado recurrente en nuestro medio.

Asimismo, por palabras registradas de la misma presidenta quedan también exentas de investigación las vinculaciones -admitidas por el Fiscal General- de la señora Gabriela Zapata, ahora detenida, con el Ministerio de la Presidencia, si bien tales vínculos se limitarían a la Unidad de Apoyo a la Gestión Social del Ministerio de la Presidencia, a cargo de Pastora Cristina Choque, dirigente juvenil del MAS, que en el actual régimen se desempeñaba como viceministra.

Además la señora Zapata usaba las indicadas reparticiones para reunirse con ejecutivos de empresas, disponer de transporte de la misma, e impartir órdenes al personal, inclusive en menesteres personales. Es criterio generalizado de la opinión pública que semejante “vara alta” de la hoy procesada no podía ocurrir sin el conocimiento del Ministro de la Presidencia, aunque las oficinas de la Unidad de Apoyo funcionaran en edificio aparte. A nadie engaña la detención de dos funcionarios, en realidad subalternos, con el afán de desviar el foco de la verdad.

Al presente, no hay duda de que la influencia de la aludida se extendía al resto de ministerios y reparticiones del Estado, mientras empieza a salir a luz su apreciable patrimonio. Estos extremos conforman un abultado cúmulo que, al parecer, la Comisión Mixta prefiere no investigar. Si fuera así su labor carecería de verdadero sentido e inclusive no tendría razón de ser. Como en tantos otros casos, los referidos prolegómenos anuncian que todo quedará “disuelto en agua de borrajas”, es decir, en nada. Nuevamente la expectativa pública quedará en la oscuridad, pero las conclusiones serán tomadas por sí misma con los efectos que también pueden ser deducidos.