Personas con discapacidad masifican medidas en el país

El sector de personas con discapacidad exige un bono de 500 bolivianos mensuales en lugar de los 1.000 que reciben por año, el pedido aún no es escuchado por el Gobierno, a quien critican por la mala gestión por parte de la Unidad de Gestión Social (UGS), dependiente del Ministerio de la Presidencia, según expresó David Cayo, uno de sus representantes.

Por su lado, Iván Canelas, gobernador de Cochabamba, donde más de 160 personas han iniciado una vigilia hace más de 40 días, deslindó responsabilidad y afirmó que el sector debe realizar sus exigencias en La Paz.

Canelas asegura que mediante el Sedeges y Sedes de la Gobernación se trata de brindar todo el apoyo respectivo, pero sobre el bono, aseguró que no les será concedido por esta instancia.

Los representantes del sector afirman que en el país hay un constante incremento de personas con impedimentos motrices o de otro tipo, a raíz de males congénitos y accidentes, que impide el normal desarrollo de actividades como el estudio y la búsqueda de una fuente laboral, que influye en el desarrollo no solo de estas personas, sino de toda la familia.

En este sentido, Cayo explicó que tomando en cuenta el encarecimiento de medicamentos y la canasta familiar, además de la mala gestión de entidades estatales, se debe dar prioridad a este sector.

Señaló que si bien la ley prevé que las entidades estatales están obligas a que en sus planillas figuren el cuatro por ciento de personas con discapacidad, esto no se cumple. El sector realiza su pedido luego de que en pasadas gestiones, el Gobierno se comprometió a incrementar el bono con el presupuesto que se le asignaba a los partidos políticos por concepto de propaganda. Hasta ayer, no existía una señal de acercamiento por parte del Gobierno.

El defensor del Pueblo, Rolando Villena, pidió ayer al Órgano Ejecutivo la apertura de una mesa de diálogo con la dirigencia de las personas con discapacidad que se encuentran realizando medidas de presión.

“El Gobierno no puede actuar con tanta insensibilidad, especialmente con las personas con discapacidad que durante tantos años han sido desatendidas y discriminadas”, señaló el Defensor al explicar que esta actitud de las autoridades se constituye en una vulneración a los derechos constitucionales que establecen el derecho a la petición y a una respuesta oportuna cuando reclaman derechos o plantean demandas.

MINISTRA DE JUSTICIA

El Defensor informó que desde el inicio de la vigilia en las puertas de la Gobernación de Cochabamba se ha realizado gestiones ante las autoridades locales y luego, con el envío de notas, a los ministerios de la Presidencia y de Justicia, sin haber tenido respuesta.

Pese a que se entregó una carta de la dirigencia del movimiento, dirigida al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y a su colega de Justicia, Virginia Velazco, el pasado 2 de marzo, Villena señaló que “con la finalidad de prevenir posibles daños en la integridad física de las personas en conflicto, en el marco de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado, solicitó a su autoridad pueda canalizar el diálogo con este grupo población en cuestión”.

El viernes, Velasco llamó a conferencia de prensa para tocar el tema del sector de discapacitados pero una hora después la suspendió sin dar mayores detalles.

En tanto, la responsable de la UGS del Ministerio de la Presidencia, Cristina Choque, responsable de atender al sector, está detenida preventivamente investigada en el caso Zapata, por supuesto enriquecimiento ilícito.

MEDIDAS EXTREMAS

Con 40 días de vigilia sin ser atendidos por el Gobierno, las personas con discapacidad, desde el jueves, han radicalizado sus medidas en la ciudad de Cochabamba, optando por permanecer colgados en sus sillas de ruedas en el puente del Viaducto, y a tapiarse en la plaza principal de esa ciudad.

Cayo señaló que en Beni, Santa Cruz, Tarija y La Paz se tienen piquetes de huelga. En Potosí, desde el viernes, otro grupo de personas con discapacidad optaron por apoyar la medida de presión iniciada en la Llajta e instalaron frente a la Gobernación de ese departamento.