Pese a las muchas promesas y reiteraciones del Gobierno en sentido de que “se respetará los parques nacionales”, lo que se ha decidido en los últimos meses es preocupante y produce algún miedo de que lo ha sido tan preservado, cuidado, protegido y visto como tesoro del futuro para el país y para la población mundial, como son los parques nacionales, los reservorios y otros sitios dedicados a mantener incólume la naturaleza y sus riquezas, que corren el serio riesgo de perderse.
Por decreto 236 del 20 de mayo de 2015 se autoriza a las empresas petroleras “a ingresar en áreas protegidas”. Nuestro país cuenta con 22 áreas protegidas de interés nacional que se extienden en 17,2 millones de hectáreas y según el presidente de YPFB, “solo siete áreas se abrirán a la exploración de petróleo o gas, en una superficie de 205 mil hectáreas”. Una de las reservas en peligro de invasión en busca de petróleo y gas es el Parque Noel Kempff Mercado, creado en el año 1979 con el nombre de Parque Nacional de Flora y Fauna Huanchaca.
En 1988 fue designado Parque Nacional Noel Kempff en homenaje al científico; en 2002 la Unesco declaró a este Parque como Patrimonio Nacional de la Humanidad. Este parque contiene sitios turísticos de gran valía e importancia; está ubicado al noroeste de Santa Cruz, municipio San Ignacio de Velasco. Su riqueza turística es incalculable y de gran belleza paisajística con grandes farallones, cataratas como Arco Iris, El Encanto y Ahifeld; ríos, formaciones rocosas, sitios arqueológicos, etc. que, de ser entregados a una compañía petrolera, se perderían como patrimonio del país y de la humanidad y, además, como potencial turístico.
Técnicos internacionales han calificado la intención de “entregar a petroleras” o destinar los parques a exploración y explotación de hidrocarburos como “un paso atrás en la protección de la naturaleza”. En su visita a Bolivia, un especialista del Centro Latinoamericano de Ecología Social (Celas) señaló que el decreto que autoriza la invasión por las petroleras “es grave atentado que implica para la naturaleza, que al abrir las puertas a las petroleras se dará inicio a la depredación de la última gran frontera que queda para la exploración minera e hidrocarburífera”.
El mundo está con políticas de “no explotar petróleo mientras rijan precios bajos y, además, por el exceso de oferta”. Esta realidad la conoce el Gobierno, pero insiste en entregar áreas protegidas a empresas que no quieren para nada a Bolivia y están muy lejos de interesarse por su futuro. Lo que buscan ellas es asegurarse áreas para seguir explotando en el futuro y lo harán cuando los precios hayan subido; hoy mismo, en Bolivia, ven por conveniente mantener contratos para asegurarse la explotación futura. El país, en todo caso, es contrario a una entrega que sería irresponsable y condenable porque se trata de áreas que gozan de protección y no pueden entregarse para explotación minera o petrolera sin riesgo de atentar contra la naturaleza y el medioambiente.
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