Estado debe garantizar derecho a la comunicación e información

La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), mediante un comunicado público, expresó su preocupación por las declaraciones del ministro de la Presidencia, Ramón Quintana, cuando dijo que “algunos medios van a desaparecer”. La entidad recordó que el derecho a la información y comunicación son principios democráticos y constitucionales.

“La ANP expresa su profunda preocupación por las declaraciones de portavoces gubernamentales que cuestionan el trabajo independiente de periodistas y medios de información y lamenta las insinuaciones sobre el cierre de empresas periodísticas que se hallan ampliamente protegidas por Convenciones Internacionales y la propia Constitución Política del Estado”, dice parte del comunicado.

En criterio de la ANP, las declaraciones realizadas por responsables del gabinete político quiebran los principios constitucionales, ya que el Estado está obligado a garantizar el derecho a la comunicación y a la información.

Aunque el comunicado no especifica nombres claramente, el pronunciamiento responde a las polémicas declaraciones realizadas por el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien anunció el cierre de algunos medios de comunicación que en su criterio tuvieron la “osadía” de mentirle al país.

“La ANP considera que el momento político requiere serenidad en las decisiones gubernamentales que ayuden a una convivencia pacífica, lejos de estrategias dirigidas a generar enfrentamiento entre sectores sociales”, manifiesta el documento.

También recordó que los derechos constitucionales no pueden ser vulnerados arbitrariamente y su incumplimiento está sancionado de acuerdo al Código Penal en el artículo 296 con cárcel de seis a tres años y una multa de 30 a 200 días.

La ANP, a través del representante del Directorio, recuerda también que al margen de opiniones contrarias al trabajo de periodistas y medios de información independientes, el gobierno surgido de las urnas y en democracia, tiene como misión hacer cumplir los principios constitucionales y uno de ellos, comprendido en el artículo 106 que en su primer parágrafo señala que “El Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información”.

Esta norma, promulgada por el propio presidente Evo Morales, en febrero de 2009, y tras una aprobación ciudadana en las urnas, agrega que “El Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa”.

En ese marco, la ANP demanda el respeto de los preceptos constitucionales, que son el “principio irrenunciable de la Libertad de Expresión reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos Proclamada en 1948”.

La pasada semana parlamentarios oficialistas y opositores rechazaron la intención del Gobierno recalcando que se debe respetar el derecho a la información.

En una extensa entrevista con Gigavisión, el ministro Quintana no solo alertó de la desaparición de algunos medios de comunicación, sino también acusó a los medios y periodistas “cayeron como palomitas” ante las mentiras de Carlos Valverde a quien adjetivó de “narcotraficante disfrazado de periodista”.

¿Cuántos medios de prensa van a desaparecer como consecuencia de su osadía temeraria de mentirle al país?, cuestionó Quintana, pero también anticipó de la creación de una Agencia de Inteligencia Estatal con el objetivo de prevenir contingencias como la ocasionada por Valverde, quien denunció tráfico de influencias en contra del presidente Evo Morales a favor de su expareja y madre de su hijo, Gabriela Zapata, quien hasta hace poco alta ejecutiva de la empresa china Camc, acreedora de millonarios contratos con el Estado por la vía directa y por excepción.

Zapata se encuentra recluida en el penal de mujeres de Obrajes, sindicada de enriquecimiento ilícito, legitimación de ganancias ilícitas y uso de influencias al haber hecho uso de oficinas del Ministerio de la Presidencia para negocios privados junto a su amiga, la directora suspendida de la Unidad de Gestión Social, Cristina Choque, también detenida.