Medidas municipales impopulares

El municipio de La Paz es uno de los más grandes de Bolivia y según datos de la Fundación Jubileo, para el año 2015 se le asignó un presupuesto de 2.106 millones de bolivianos, para competencias como salud, educación, urbanización, transporte urbano, que tiene que ver con el ordenamiento del tránsito conjuntamente con la Policía.

Después de varias negociaciones, el alcalde Luis Revilla finalmente aceptó el incremento en pasajes del transporte público. La paceñidad no está de acuerdo con este arreglo que perjudica mucho a gente de escasos recursos. Está dado el tarifazo, pero la población reclama porque el “trameaje” que hacen los choferes de La Paz ya no debiera existir. Sin embargo los usuarios denuncian que continúa en gran forma a partir de las 7 de la noche, cuando no hay control de funcionarios municipales.

Otro gran problema que tiene que ser resuelto por autoridades de Tránsito y la Policía, es la falta de control a los taxistas urbanos, porque cobran a capricho y el pobre usuario está a su merced, sin que alguien pueda frenar esa conducta. La opinión pública exige la implantación del taxímetro que solucionará, en gran medida, los abusos de los taxistas.

Por otra parte, con dificultad la paceñidad cumple con el pago de impuestos, por ejemplo de acuerdo con el valor catastral de cada vivienda, teniendo en cuenta que el presupuesto municipal de la gestión 2015 es de 2.106 millones de bolivianos, teniendo el municipio paceño ingresos propios que llegan al 42% y los ingresos por trasferencia llegan al 58%.

Analizando el presupuesto municipal, los habitantes de la ciudad merecen, por ejemplo, un mejor trasporte, por lo que los buses PumaKatari deberían llegar a más zonas populares, para beneficiar a sectores pobres. El presupuesto municipal tiene que ser empleado en parte para apoyar la seguridad ciudadana, con recursos humanos de protección y centros de monitoreo.

Lamentablemente la paceñidad está siendo vista para el sostenimiento municipal, por la posibilidad de un aumento de los impuestos municipales en lo que se refiere a viviendas, tomando en cuenta el valor comercial, lo que elevaría en un 300% lo que se paga ahora con el valor catastral, o sea tres veces más subiría ese impuesto. Esta medida impopular de ninguna manera sería aceptada por la población y las juntas vecinales deberían defender los intereses de la ciudad.

Se entiende que el gobierno municipal atraviesa por una situación financiera difícil, por disminución de ingresos como consecuencia de la baja de precios de minerales y gas, lo que disminuye el IDH para las regiones. En el caso del municipio de La Paz, se pretende aumentar ingresos para solventar su sostenimiento, mediante un aumento de impuestos elevado, que causaría una reacción negativa de los habitantes de la urbe. Sería prudente y razonable que las autoridades municipales busquen otras fuentes de ingresos, no con aumento de impuestos.

El autor es Profesor Emérito y ex Decano de Odontología UMSA.