Existe retardación de justicia y Fiscalía niega dar información

Jimmy Morales, quien trabajaba como almacenero de la Unidad de Gestión Social (UGS) del Ministerio de la Presidencia, imputado por el tráfico de influencias en el caso CAMC, presentará denuncia por retardación de justicia ante el Consejo de la Magistratura, porque el juzgado Tercero de Instrucción en lo Penal no da curso a su apelación. Entretanto, Rosario Venegas, fiscal distrital interina, niega dar información sobre el tema y no responde a las incongruencias de la imputación.

Ante la falta de datos oficiales por parte del Ministerio Público, en escuetas declaraciones, Venegas dijo que la determinación de citar a otros funcionarios del Ministerio de la Presidencia compete al fiscal asignado al caso.

Consultada sobre la contradicción que existe en el hecho de que la Fiscalía solo investiga la procedencia de la fortuna de la exnovia del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, y no los contratos de la empresa China CAMC, Venegas aseveró que “tal vez se tenga que llegar a esos extremos”.

De acuerdo a su imputación contra Zapata, la fortuna que tendría procede del rédito económico que obtuvo maniobrando en la obtención de millonarios contratos para la empresa CAMC, de la cual era gerente comercial.

IMPLICADOS

La Fiscalía señala en su imputación que Zapata, en complicidad con Cristina Choque, jefa de la UGS y el almacenero Jimmy Morales realizaron las negociaciones en las oficinas del Ministerio de la Presidencia, por lo cual no investigar a los ejecutivos de la CAMC, los responsables de la adjudicación de los contratos en el Gobierno Central, resulta contradictorio. Pues, la propia exnovia del presidente, desde la cárcel de Obrajes, donde está recluida, pidió que “otros deben ser investigados”.

En este sentido, Marco Guía, abogado del almacenero y ocasional chofer de Zapata y Choque, aseguró que su defendido no tenía la jerarquía para autorizar reuniones en el Ministerio de la Presidencia, por lo que se solicitó que se realice la inspección técnica ocular de la UGS y el secuestro de los registros de ingresos.

Guía también solicitó que declaren los dos policías que estaba a cargo de los registros de ingreso y salida en ese despacho de Estado.

Al no darse curso a las mismas, Guía anunció que la denuncia la elevará al Consejo de la Magistratura, debido a que el juzgado donde se tramita el caso ni siquiera ha transcrito aún la resolución por lo que se impide tramitar la apelación en tribunal de alzada.

ENTREGA DE INFORMES

Sin embargo, se conoce que entidades financieras, como la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) están remitiendo al Ministerio Público reportes del movimiento económico de Zapata y los coimputados a Cristina Choque y Jimmy Morales.

Por otro lado, Martha Requena, abogada de Cristina Choque, cuestionó que el Ministerio Público haga uso de registros del Ministerio de la Presidencia y movimientos de cuentas bancarias, cuya legalidad deben ser adquirida mediante y la correspondiente notificación a las personas investigadas.