Gobernación cruceña presentó recurso de inconstitucionalidad

La Gobernación de Santa Cruz presentó el pasado martes un recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional en Sucre contra de la Ley 767 de Incentivo a las Inversiones Petroleras, que obliga entregar el 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que reciben gobernaciones, municipios y universidades a un fondo de inversión hidrocarburífera.

CONSTITUCIÓN

El asesor general de la Gobernación cruceña, José Luis Parada, informó que el recurso se justifica en lo que establece el artículo 298 de la Constitución Política del Estado, que fija a los hidrocarburos como una competencia privativa del nivel central del Estado, la cual, según Parada, “no se puede transferir” a niveles subnacionales.

INVERSIONES

Según explicó, el referéndum, sobre los hidrocarburos realizado el 18 de julio de 2004, estableció que los impuestos y regalías obtenidas por el gas sean invertidos en “educación, salud, caminos y empleo”, no obstante, a casi 12 años del referéndum, los recursos del IDH se invierten también en la Renta Dignidad, seguridad ciudadana y ahora en la actividad hidrocarburífera, lo cual califica de una “confiscación” a los recursos de las entidades autónomas.

CAJA Y BANCOS

“Hay confiscados a las gobernaciones más de 2.600 millones de dólares de 2008 al 2015, por tanto ya sacaron esa plata para pagar el tema de un bono (Renta Dignidad), cuando no estaba dentro de lo que era el tema del referéndum del 2004, también recortaron para seguridad ciudadana y por último terminamos pagando hasta los títulos de bachiller con el IDH”, reclamó.

Con motivo de esta ley, sostuvo, la Gobernación cruceña dejará de recibir este año entre 13 a 14 millones de bolivianos de los 100 millones que recibirá por concepto del IDH.

MERMA

Parada precisó que en 2007, la Gobernación de Santa Cruz recibía al menos 350 millones de bolivianos por IDH, lo que al 2016 significa una reducción del 71%.

Además de Santa Cruz, en diciembre el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, informó que estaba considerando la presentación de un amparo constitucional en contra de esta ley. La Gobernación de Tarija no descartó también esta posibilidad.