Jupapina: jurisdicción invadida


 

Entre el 28 y el 29 de febrero pasado, en la deleznable zona de Jupapina al sur de la ciudad, se precipitaron a tierra cinco construcciones y otras cinco quedaron muy averiadas, felizmente sin registrar víctimas humanas. La alcaldía de Mecapaca había autorizado la edificación de hasta cuatro plantas en el lugar, no obstante tratarse de jurisdicción paceña. Las viviendas dañadas deben ser demolidas para evitar siniestros. El desalojo de los propietarios e inquilinos crea, a su vez, una compleja situación social. Tanto el alcalde como el presidente del Concejo municipal de la vecina localidad no pudieron menos que admitir responsabilidades.

El lugar es de difícil estabilización, por lo que los trabajos correspondientes demandan un alto costo, pero si no se los emprende las dos plataformas superiores colapsarán tarde o temprano. Muchas de estas construcciones acusan defectos técnicos, por los que sus propietarios acuden a alcaldías vecinas para obtener un visto bueno que, en general, deriva en mayores perjuicios. Es el caso que los beneficios económicos (autorizaciones e impuestos) son para estas alcaldías vecinas, pero los gastos de rehabilitación recaen en el Gobierno Municipal de La Paz. La injerencia de la alcaldía de Mecapaca llegó hasta ahí nomás. El resto y sus consecuencias son para el municipio paceño. Entre otras cosas, ¿desconocía acaso que Jupapina en años anteriores había registrado un fenómeno geológico similar?

Una ley de los años 60 define claramente la jurisdicción territorial de la ciudad de La Paz, por el sur hasta más allá del puente de Lipari, sin embargo, los municipios vecinos avasallan e invaden constantemente los territorios de la capital del departamento, facilitando consciente o inconscientemente las depredaciones en beneficio de “loteadores” y traficantes de tierras.

Desechada caprichosamente dicha ley ante la propia gobernación y concluida toda posibilidad de acuerdo entre La Paz y Mecapaca, correspondía convocar a un plebiscito a fin de que las zonas en disputa decidan su pertenencia a una u otra jurisdicción. El tiempo corre y el silencio agrava la incertidumbre. El ex gobernador Cocarico no mostró interés al respecto y se espera que la gestión a cargo del Lic. Félix Patzi asuma la decisión correspondiente.

Pese a que estos problemas limítrofes afectan a una infinidad de municipios del país, incentivados por la Ley de Participación Popular (a más territorio mayores ingresos económicas por habitante), en el presente caso es necesario definir si es válida o no la pretensión de Palca de abarcar inclusive hasta la plaza Murillo y la de Mecapaca hasta Obrajes (¿?).

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