Hay preocupación en el empresario nacional por las continuas amenazas sobre la posibilidad de implantar una especie de “cerco tributario” por parte de las dependencias del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). Extrañan las actitudes que llevan a extremos multas que estarían fuera de disposiciones legales muy claras, como es el caso de una multa de once millones de dólares a la Cervecería Boliviana Nacional y otras sanciones, igualmente graves, contra ingenios azucareros.
Para la colectividad, las razones que impulsan a buscar mayores ingresos para el fisco son debidas a la caída vertiginosa de los ingresos por los bajos precios del gas, minerales y materias primas que se han producido en el mercado internacional. Existe el criterio de que esas posibles razones no son justificativo para cometer abusos y exagerar los controles a las empresas privadas “en busca de fallas contables o errores en declaraciones tributarias”.
El propio Presidente de la República reconoció que “en el servicio de Impuestos Nacionales se cometen abusos y excesos” y habría recomendado al Ministro de Economía que se revise las medidas impuestas a las empresas y se actúe con la debida racionalidad. El país vive pendiente de que las autoridades de gobierno eviten los excesos como elevación de intereses y aplicación de multas que exceden todo sentido de justicia y racionalidad.
La organización de los gremialistas expresó, mediante sus dirigentes, que “Impuestos Nacionales busca imponer una especie de terrorismo tributario”; este sector, consciente de lo que ocurre con las empresas y los excesos de Impuestos Nacionales, al margen de preservar las fuentes de trabajo, busca la seguridad de empleados y obreros del empresariado privado que puede colapsar si continúan las acciones en pos de incrementar ingresos fiscales mediante la aplicación de intereses y multas que están muy alejadas de todo sentido de equidad y ecuanimidad.
El Gobierno, y particularmente el Ministerio de Economía del que se derivan las dependencias del SIN, tiene que comprender que gobierno y empresariado nacional deben trabajar de consuno para salir de la crisis, puesto que si se aplica medidas alejadas del sentido común, se corre el riesgo de crear serias dificultades a todo el país con la disminución de contribuyentes, como son las empresas productivas. Estos extremos llegarían a perjudicar al mismo gobierno y, lógicamente, alejarían completamente las posibilidades de inversiones y, mucho más, de modernización de las empresas nacionales que, en todo caso, precisan del apoyo, consideración y respeto de las autoridades.
En el criterio de todos los empresarios privados que conforman la CAO, y las Cámaras de Industria y Comercio y otras instituciones, en muchas oportunidades del pasado año, 2015, han expresado intenciones constructivas para evitar dificultades al país.
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