Los coletazos del lagarto

Era impensable que el MAS hubiera sido derrotado en el referéndum del 21 de febrero y que no hubiera echado coletazos para tratar de azotar a algunos de sus adversarios. No era posible que después del descalabro que le negó la posibilidad de postular a un cuarto mandato a S.E. todo quedara en paz. Había que vengarse de las cabezas más visibles, pero, también, de la población adversa a la prórroga y de alguna prensa sospechosa. Además, dando coletazos a diestra y siniestra, se pretendió cubrir con barro del “curichi” al maloliente caso “Zapata-COMC”, que está a la vista de todo el mundo.

El gobernador Rubén Costas fue, por supuesto, uno de los elegidos para ser zarandeado por los coletazos del lagarto herido. A los fiscales (la Gestapo del régimen) no se les ocurrió cosa mejor que imputar a Costas y a algunos de sus colaboradores por la compra de 40 camionetas con fondos del IDH. Cuando leímos la noticia nos dimos cuenta de que era una antigua acusación que venía venteándose desde el año 2007 y que había sido repuesta ahora. Quedaba clara la intención.

Carlos Valverde no podía escapar de los coletazos del saurio y a él sí que le sacaron a luz sucesos más añejos todavía, de comienzos de los ´90 del siglo pasado. Un tema sobre narcotráfico que había sido desestimado por la justicia, que estaba archivado, y otro de una presunta participación en el desbaratamiento del Comando Néstor Paz Zamora (CNPZ), los secuestradores del asesinado empresario Jorge Lonsdale, todo ocurrido en junio de 1990. También es obvia la intención en este caso.

A Carlos Mesa, vocero de la demanda marítima, no le iban a perdonar que manifestara que la alternancia era buena porque nadie era imprescindible en un sistema democrático y que él votaría por el “No” a la reforma de la Constitución. Ya han empezado a atacarlo y aislarlo, demostrando que las políticas de Estado siguen siendo menos importantes en Bolivia que las inquinas personales.

Lo que más duele a la opinión pública es el anuncio, por boca de S.E., de que los empleados públicos que no acompañaron el “Sí”, es mejor que se vayan a su casa. Eso significa una masacre blanca de lo más infame, nunca vista en tal dimensión en el país. Echar del trabajo a los funcionarios del Estado porque no se someten a los dictados de unos caciques es intolerable.

Por si fuera poco, está latente el coletazo que se viene contra los medios que no corearon el “Sí “y que actuaron con criterio propio. Las libertades se estrechan en el país.