La corrupción prostituye

Temo defraudarles, pero por respeto a los menores de edad evitaré hablar sobre el caso Gabriela y su estrecha vinculación con los gobernantes del Estado Plurinacional, en casos de corrupción y uso de influencias en la adquisición y contratación de bienes y servicios a empresas fantasmas, “sin licitación”, por un monto aproximado a los 2.000 millones de dólares. En algunos casos ni siquiera fueron perfeccionados los contratos objeto del tema. Por ese y otros motivos los gobernantes, para salvar su pellejo, devolverán boletas de garantías o rescindirán contratos, socaparán y acallarán indicios y aquí nada pasó, como de costumbre. Además como este es un drama de carácter pasional, no es bueno meterse, porque a la larga las parejas siempre se reconcilian y los que quedan mal son los metiches.

A nuestro tema, generalmente para obtener dinero u otro beneficio el poder y el dinero prostituyen la política. Hacen despreciable un empleo. Una autoridad, abusando de ellos o ejerciéndolos en forma injusta, hace que alguien use un cargo en forma deshonrosa, para prostituir jueces, fiscales o jurados.

Lo que no podemos ocultar es que todos los gobiernos del socialismo Siglo XXI, a su turno, han prostituido a varios medios de comunicación, en desmedro de sus pueblos, con dinero que pertenece a los ciudadanos, en muchos casos con recursos económicos de dudosa procedencia.

En el caso particular de los bolivianos, los gobernantes empoderados han prostituido a las autoridades que nos gobiernan, de ellas provienen las loas y sumisión absoluta a un caudillo y su mandato escabroso.

Lo más escandaloso en la década pasada de vida real del pueblo boliviano, es lo que revela acerca de los poderes absolutos del caudillo y la costumbre de su gobierno de otorgar casi todos los contratos gubernamentales -99 por ciento, según versión mía, desde 2007 y corroborada por un libro reciente, cuyo título es “A dónde se fue la bonanza” de Diego Ayo- mediante contrataciones directas, sin licitaciones públicas nacionales o internacionales. Todo con el estilo “le meto nomás, que mis abogados resolverán el caso”. Esa es una receta para la corrupción masiva de quienes trabajan para el Gobierno.

En el texto, el profesor Ayo y sus colaboradores establecen que desde 2006, el gobierno del caudillo ha gastado aproximadamente 28.000 millones de dólares en inversiones públicas, de los cuales la mayor parte (21.000 millones) fue derrochada en “proyectos presidenciales”, de gran visibilidad como propaganda política, pero que no ayudan mucho a generar prosperidad a largo plazo para los bolivianos. “El caudillo y sus colaboradores han mandado a construir más de 50 coliseos deportivos con capacidad para 1.000 a 5.000 espectadores, en poblaciones que tienen menos de 800 habitantes. Han inaugurado más de 500 canchas de fútbol, fulbito y otros deportes, donde el presidente juega y le dejan meter muchos goles, pero ha hecho muy poco en proyectos estratégicos”.

Bolivia invierte tan solo el 0.2 por ciento de su producto interno bruto en investigación y desarrollo, el porcentaje más bajo de América Latina. Podemos citar también una reciente noticia, donde se revela que Bolivia se halla en último lugar de los países de la Región Andina en desempeño industrial.

No contentos con lo descrito y como el Plan para eternizarse en el poder falló, lanzaron el Plan de Desarrollo hasta el 2025 anunciando otro despilfarro de 50.000 millones de dólares. ¿Qué opinara el encargado de las finanzas blindadas, en su condición del “mejor” conferencista de Harvard?

El Gobierno “prostituye” a la Asamblea Legislativa Plurinacional, para que apruebe leyes redactadas a gusto y paciencia de los que trabajan en el Palacio y la Vicepresidencia. Resaltan las leyes que autorizan las adquisiciones y contrataciones directas. Leyes que benefician directamente a los encumbrados en el Gobierno, estableciendo como norma el uso y tráfico de influencias en el aparato gubernamental, en especial de familiares, cualquiera sea el grado de parentesco y a no olvidarse de los partidarios. Leyes para aprobar empréstitos que comprometen las rentas del Estado y autorizan a otras instituciones afines al Gobierno la contratación de empréstitos, todo ello sin tomar en cuenta el crecimiento de la deuda externa e interna. Leyes que aprueban todos los fondos económicos para distribución discrecional a indígenas, campesinos, originarios, cocaleros, cooperativistas mineros, organizaciones de obreros y empresarios de toda índole, pero afines a los gobernantes. Leyes para aprobar nombramientos de autoridades en el Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Órgano Electoral, FFAA, Policía, para que ejecuten tareas de libreto, elaboradas por los palaciegos, con absoluta subyugación al caudillo.

En resumen, este Gobierno ha cruzado todas las líneas rojas en el campo legislativo y con razón el pueblo está repugnado por tanta prostitución y corrupción.

El autor es docente universitario.

almamor2003@hotmail.com