Comisión solo deberá investigar si hubo o no “tráfico de influencias”

El diputado de la alianza opositora Unidad Demócrata (UD), Erick Morón, criticó ayer el hecho de que la Comisión Mixta creada por la Asamblea Legislativa se “desvíe” del propósito de su formación, porque a su juicio no es importante saber si existen o funcionan equipos y maquinarias que compró el Estado, como verificaron in situ ayer cinco legisladores, sino que debe investigarse básicamente si hubo o no “tráfico de influencias”.

“Los bolivianos queremos saber si hubo o no tráfico de influencias en el caso CAMC, pero están viendo taladros, seguimos distrayéndonos, necesitamos entrar al tema de fondo y no debemos distraernos”, subrayó.

DIPUTADA NORMA PIÉROLA

Respecto a las declaraciones del diputado oficialista Manuel Canelas, que aseguró la inexistencia de actos corrupción en los documentos que analiza la Comisión, la diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Norma Piérola expresó que no pudieron evidenciarse los actos irregulares, porque la corrupción “no deja contratos firmados”; sin embargo, considera que sí existen indicios de corrupción.

Pese a que el presidente de YPFB, Guillermo Achá, aseguró que todo está en orden; la legisladora sostuvo que en los documentos hay una observación al recibirse dos taladros adquiridos a la empresa china CAMC, pues se estableció que tenían 36 piezas defectuosas y que por esa razón se la multó con $us 4. 413.000.

“En la revisión de contratos nunca podrá obtenerse pruebas de corrupción, pero sí investigando el enriquecimiento ilícito de la señora (Gabriela) Zapata, de ministros y tal vez del propio mandatario, donde juega un papel muy importante el Ministerio de Transparencia y Migración.

Explicó que, a través de la Fiscalía, se pidieron arraigos, porque tiene conocimiento, de forma extraoficial, que tres funcionarios chinos de la CAMC habrían abandonado el país.

ACTITUD DISTRACTIVA

En su opinión, citar al expresidente Carlos Mesa es una actitud totalmente dolosa y distractiva, solo porque algunos convenios se suscribieron en su gobierno, tal como afirmó el propio expresidente.

Aclaró que en el convenio del año 2004 se adquirió redes de gas por $us 150 millones y el año 2009 se concretó un nuevo convenio de compra de 3 taladros por $us 60 millones, junto a otra compra de redes de gas por $us 18 millones, razón por el cual la legisladora solicitó al Ministerio de Finanzas la documentación de esos préstamos, lo que aún no fue atendido.

COMISIÓN EN YAPACANI

En la mañana de ayer, miembros de la Comisión Mixta Multipartidaria que realizó una visita al Campo Yapacaní 38, en Santa Cruz, evidenció el estado de funcionamiento del taladro en este campo, confirmando su funcionamiento .

Sin embargo, el diputado opositor de Unidad Demócrata (UD), Wilson Santamaría, señaló que aspectos administrativos como el plazo de entrega fueron observados.

El diputado del oficialismo Víctor Borda, que también forma parte de la Comisión Investigadora, dijo que se cumple con el trabajo previsto por la instancia legislativa, verificando la operabilidad de esta perforadora que fue observada por la oposición.

La visita que realizó la Comisión al Campo Yapacaní 38 fue acompañada por el titular de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá.

OFICIALISMO

La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, aseguró ayer que la oposición trata de descalificar la investigación que realiza la comisión fiscalizadora de los contratos suscritos entre el Estado y CAMC, por “flojera mental”.

Montaño realizó esas declaraciones, luego que diputados de la oposición denunciaron que se les entregó información incompleta y solicitaron, además, que la presidenta de la Comisión fiscalizadora, diputada Susana Rivero, se aleje de esa instancia, porque tendría relación de amistad con una de las involucradas en la investigación.

Montaño aseveró que en la primera sesión de revisión de los documentos que enviaron ministerios e instituciones que tuvieron a su cargo contratos con CAMC, algunos legisladores de oposición “ni siquiera habían leído los documentos que se les envió”.

A principios de febrero, el periodista Carlos Valverde denunció un supuesto tráfico de influencias de la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, que fue nombrada gerente comercial de la empresa CAMC, compañía que firmó contratos millonarios con el Estado.

A contramano, el Jefe de Estado negó la acusación y pidió una investigación de la Contraloría General del Estado y de una Comisión Mixta y Multipartidaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional.