La Ley de los 10 centavos

Heraldo Muñoz, canciller de Chile, dijo: “No hablemos del pasado, hablemos del futuro”. Puede ser, pero, mientras no exista solución a los temas mar, Silala y Lauca seguiremos machacando y señalando chicanas aviesas de Santiago. No podremos olvidar las triquiñuelas contra Bolivia en más de 135 años. Aquella Ley legal y justa de 1878 que disponía el impuesto de 10 centavos de gravamen por cada quintal de salitre exportado -se decía- afectaba capitales del consorcio anglo-chileno que Mariano Melgarejo había otorgado en concesión a la Compañía Anónima de Salitres y de Ferrocarril de Antofagasta que la rechazó. Era dueña de grandes yacimientos en Atacama y libre de toda clase de derechos. Los empresarios chilenos explotaban guano clandestinamente en Mejillones para fertilizar los campos de cultivo de Europa. Esta empresa era deudora de impuestos al Estado boliviano, que quiso cobrarles, era un cobro retroactivo a 1873 y se ordenaba rematar sus predios.

Entonces invadieron las tropas chilenas para impedir ese remate y oponerse al pago de 10 centavos de impuestos al salitre. Indudablemente, la disposición contradecía el artículo 4º del tratado de 1874, pero lo racional y normal era que el Gobierno chileno planteara su reclamo por la vía diplomática, aunque se formuló en diciembre de 1878 por el encargado de negocios de Chile en Bolivia, Pedro Nolasco Videla en defensa de los capitalistas, quien hizo su reclamo, pero el gobierno de Daza las rechazó y más bien, inoportuna y tardíamente rescindió el contrato con dicha compañía.

Este enviado con premeditada simulación propuso someter el pleito a un tribunal arbitral y preconcebido, dio un plazo de 48 horas para que Bolivia hiciera conocer su respuesta. El Gobierno tal vez considerando que esa demanda constituía simplemente una argucia, no contestó a la amenazante nota que daba plazo tan perentorio. Era precisamente lo que Chile ansioso esperaba y Videla, altaneramente, declaró rotas las relaciones entre Chile y Bolivia. No obstante las autoridades bolivianas, de buena fe, ingenuamente habría que decirlo, se quejaron ante el ministerio de Relaciones Exteriores de Chile por la intemperancia del diplomático, pero la respuesta escrita que se esperaba nunca llegó. La cuestión parecía no constituir motivo de pleitos y muchos menos causar una acción bélica entre dos naciones.

Pero no fue así, Chile encontró un oportuno y buen “pretexto”, el que buscaba para asaltar Antofagasta ya que estaba preparado, pero no Bolivia que atravesaba por una crisis económica, existía peste, hambruna, sequía. Esta desgraciada ley fue la causa para el despojo del Litoral, no obstante ser inaplicable el casus belli si Chile ganaba con el comercio del guano existente en los dos grados geográficos y la explotación de otros minerales, además se asentaba como límite oriental el divortia aquarum. ¿Qué hacía entonces el Gobierno boliviano que consentía despropósitos? Se enlodaba en orgías desenfrenadas fomentadas con propósitos interesados del diplomático chileno.

En Bolivia gobernaba Hilarión Daza con asesores chilenos (1876-1879) y lo hacía este osado militar igual que el déspota Melgarejo, tenía el poder en sus manos enlodadas, se creía dueño del país y por último se fue a Europa a gozar de su enriquecimiento ilícito.